RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– Senadores oficialistas defendieron este miércoles las medidas migratorias implementadas por el Gobierno dominicano, asegurando que las deportaciones de haitianos indocumentados se realizan respetando los derechos humanos y en estricto apego a la ley.
Los legisladores Ginnette Bournigal (Puerto Plata), Pedro Tineo (Monte Plata) y Franklin Romero (Duarte) coincidieron en que la comunidad internacional ha sido indiferente ante la grave crisis que afecta a Haití, y señalaron que antes de criticar a la República Dominicana deberían valorar el trato digno que se brinda a los indocumentados en el país.
Invitación a organismos internacionales
La senadora Bournigal invitó a los organismos internacionales a visitar los hospitales dominicanos para constatar el trato humanitario que reciben las parturientas haitianas. “Es lamentable que la ONU prefiera emitir juicios adversos, en lugar de intervenir en Haití y enfrentar la amenaza de las pandillas, calificadas como terroristas por EE. UU. y por el gobierno dominicano”, sostuvo.
Asimismo, propuso que en un eventual escenario de estabilidad se considere un acuerdo binacional de cooperación laboral y comercial similar al que promueve Codevi.
Críticas a la comunidad internacional
Pedro Tineo, senador de Monte Plata, calificó de injustas las críticas internacionales hacia el país. “La comunidad internacional no tiene calidad moral para señalar a la República Dominicana, porque ha sido incapaz de actuar ante el caos haitiano”, expresó. Aseguró que Haití representa una amenaza constante para la soberanía dominicana debido a la inseguridad y el descontrol fronterizo.
Constitución respalda operativos.
Por su parte, Franklin Romero afirmó que las acciones del presidente Luis Abinader en materia migratoria se ajustan a la Constitución. “Estas medidas no violan derechos humanos; están amparadas en nuestras leyes. “La soberanía y el orden no pueden ser negociables”, declaró.
Las declaraciones surgen en medio de crecientes señalamientos internacionales sobre supuestas violaciones a los derechos de migrantes haitianos, especialmente mujeres embarazadas, tras recientes reportes de la ONU.
