RDÉ DIGITAL, SÉUL (EFE).- Un equipo conjunto de investigación en Corea del Sur presentó este lunes una solicitud de arresto contra el presidente Yoon Suk-yeol, tras su declaración de ley marcial el pasado 3 de diciembre y su negativa a comparecer en tres citaciones para ser interrogado. Este hecho marca un precedente histórico, ya que es la primera vez en la democracia surcoreana que un mandatario en funciones enfrenta la posibilidad de ser detenido.
El 14 de diciembre, la Asamblea Nacional destituyó temporalmente a Yoon, despojándolo de sus funciones mientras el Tribunal Constitucional decide, antes de junio, si será restituido o inhabilitado permanentemente. Según la investigación, Yoon habría ordenado al ejército impedir una votación parlamentaria destinada a revocar la ley marcial, un acto que podría calificarse como insurrección y abuso de poder.
Pese a las órdenes, algunos mandos militares intermedios se habrían negado a ejecutarlas, permitiendo que los parlamentarios votaran en contra de la medida. Esto obligó al mandatario a rescindir la declaración de excepción pocas horas después de implementarla.
Yoon, quien tiene prohibido salir del país, ha defendido sus acciones como un “acto de gobernanza” diseñado para contrarrestar lo que considera un abuso del poder legislativo por parte de la oposición, que ostenta la mayoría parlamentaria. Acusó al bloque opositor de apoyar indirectamente al régimen de Corea del Norte, con el cual el país permanece técnicamente en estado de guerra.
El delito de insurrección en Corea del Sur no concede inmunidad presidencial y puede conllevar penas de cadena perpetua o incluso la pena de muerte, aunque esta última se encuentra bajo moratoria desde 1997.
El equipo de investigación, que incluye representantes de la oficina anticorrupción, la policía y el Ministerio de Defensa, también solicitó al tribunal autorización para registrar la Oficina Presidencial y un refugio de seguridad asociado, debido a dificultades para recopilar evidencia por parte del servicio de seguridad presidencial.
Mientras tanto, los abogados de Yoon han expresado su rechazo a la solicitud de arresto, señalando que, según la ley surcoreana, únicamente la Fiscalía puede emitir este tipo de peticiones.
La situación mantiene a Corea del Sur en vilo, con un conflicto que podría redefinir los límites del poder presidencial y legislativo en el país.
