RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– El Tribunal Constitucional (TC) conoció este miércoles 23 acciones directas de inconstitucionalidad contra disposiciones del nuevo Código Penal y otras leyes vigentes en República Dominicana. Las impugnaciones abarcan normas electorales y disposiciones relacionadas con drogas y sustancias controladas.
Entre los accionantes figura el Colegio Médico Dominicano (CMD). La organización cuestiona al menos cuatro artículos del nuevo Código Penal. Según sus argumentos, esas disposiciones podrían afectar el ejercicio profesional y la relación entre médicos y pacientes.
Además, el presidente del CMD, Luis Peña Núñez, advirtió sobre posibles efectos en la práctica médica. A su juicio, algunas normas podrían generar temor entre los profesionales. Por lo tanto, sostuvo que existe riesgo de que aumente la llamada medicina defensiva.
Cuestionamientos al nuevo Código Penal
Durante la audiencia también se analizaron recursos relacionados con las disposiciones que regulan el ejercicio de los comunicadores. El abogado Cándido Simón, representante de una de las partes accionantes, presentó ante los jueces los argumentos contra esas normas.
Por otro lado, colectivos de derechos humanos y representantes de la comunidad LGBT objetaron disposiciones del nuevo Código Penal. Los accionantes consideran que algunos de esos artículos podrían entrar en conflicto con el principio constitucional de igualdad.
La discusión se desarrolló mientras activistas realizaban una concentración en las inmediaciones de la Plaza de la Bandera. En ese contexto, los participantes expresaron su oposición a las disposiciones que consideran contrarias a sus derechos.
TC también revisa otras leyes
Los 23 recursos no se limitan al nuevo Código Penal. Asimismo, el Tribunal Constitucional tiene bajo revisión acciones contra disposiciones de la Ley Orgánica del Régimen Electoral. También figuran normas contempladas en la Ley sobre Drogas y Sustancias Controladas.
En particular, algunos recursos cuestionan disposiciones relacionadas con la judicialización de consumidores de sustancias ilícitas. De esta manera, el TC deberá evaluar si esas normas se ajustan a los principios establecidos en la Constitución.
Las acciones directas de inconstitucionalidad permiten solicitar al Tribunal Constitucional que determine si una ley, decreto, reglamento u otra disposición contradice la Carta Magna.
Finalmente, una vez concluyan las audiencias correspondientes, los expedientes quedarán en estado de fallo. En consecuencia, el Tribunal Constitucional deberá emitir posteriormente las decisiones correspondientes sobre cada recurso.
