RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió la sentencia TC-0788-24, declarando inconstitucionales los artículos 152 y 157 de la ley 20-23, de Régimen Electoral, al considerar que estos limitaban el acceso a candidaturas políticas independientes al exigir la creación de organizaciones políticas similares a los partidos tradicionales.
La decisión, tomada la pasada semana, argumenta que la normativa desnaturalizaba el concepto de candidaturas independientes, dificultando su accesibilidad. Según el dispositivo de la sentencia, “el mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales”.
Reacciones divididas ante la sentencia
La medida ha generado un debate público. Dirigentes políticos, como Sigmund Freund, delegado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ante la Junta Central Electoral (JCE), expresaron preocupación sobre el impacto de la sentencia en el sistema político. Freund señaló que la eliminación de los requisitos previos podría provocar un aumento descontrolado de candidaturas, afectando la organización del proceso electoral.
Por su parte, la JCE aún no ha emitido un comunicado oficial sobre los pasos a seguir tras la sentencia. La incertidumbre sobre los nuevos lineamientos para las candidaturas independientes mantiene la atención sobre el órgano electoral.
Cambios constantes en la ley electoral
Esta decisión obliga a una nueva modificación de la ley 20-23, siendo la tercera en menos de una década. La legislación electoral fue ampliamente revisada en 2018 con la promulgación de la ley 33-18 sobre Partidos Políticos y la ley 15-19 de Régimen Electoral, que reemplazaron la normativa vigente desde 1997.
En 2023, se implementó la ley 20-23, que introdujo medidas como límites a los gastos de campaña y la creación de una procuraduría especializada en delitos electorales. Sin embargo, diversas sentencias judiciales han evidenciado ambigüedades y contradicciones que han obligado a ajustes continuos.
Freund instó al Congreso Nacional a aprovechar esta coyuntura para revisar de manera integral la legislación electoral, asegurando su coherencia y alineación con el marco constitucional.
