RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– El Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional la Ley núm. 396-19, que regulaba el otorgamiento de la fuerza pública para ejecutar medidas conservatorias sobre bienes muebles e inmuebles.
La decisión se adoptó a raíz de una acción directa de inconstitucionalidad y concluyó que la ley incumplió los procedimientos requeridos para su aprobación, contraviniendo principios constitucionales clave, como la separación de poderes y el derecho a la tutela judicial efectiva.
Exhorto al Congreso y diferimiento de efectos
El TC exhortó al Congreso Nacional a emitir una nueva ley que subsane la inconstitucionalidad, en cumplimiento del artículo 112 de la Constitución, y a aplicar el precedente de la Sentencia TC/0110/13 para que el Poder Judicial ejerza su facultad jurisdiccional según el artículo 149, párrafo I.
Asimismo, la corte difirió los efectos de la inconstitucionalidad por dos años contados a partir de la notificación de la sentencia, dando tiempo a la adecuación legislativa.
La sentencia fue comunicada a los accionantes: Genaro A. Silvestre Scroggins, Franklin José Zabala Jiménez y a la Asociación Nacional de Alguaciles Unidos (ANAU).
Fundamentos de la sentencia
El fallo TC/0743/25 indicó que la Ley 396-19 debía haberse tramitado como ley orgánica, conforme al procedimiento señalado previamente en la TC/0110/13, y que su tramitación irregular violó el artículo 112 de la Constitución.
Además, el tribunal reafirmó que la facultad de ejecutar sentencias judiciales corresponde exclusivamente al Poder Judicial. La ley impugnada otorgaba al Ministerio Público la capacidad de autorizar, dirigir o suspender el uso de la fuerza pública, lo que se consideró una violación del principio de separación de poderes.
El TC aclaró que la intervención del Ministerio Público debe limitarse a la persecución de delitos durante la ejecución de sentencias, pero no puede asumir la dirección o autorización de la fuerza pública.
Impacto del fallo
Con esta sentencia, el Tribunal Constitucional reafirma la exclusividad de los jueces y tribunales competentes para garantizar la ejecución de decisiones judiciales, reforzando así la independencia judicial y el respeto al debido proceso en República Dominicana.
