RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Tribunal Constitucional (TC) rechazó el reclamo de Dekolor, SRL contra el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) por RD$669.9 millones.
La decisión está contenida en la sentencia TC/0985/26. En ella, el tribunal confirmó la inadmisibilidad de un amparo de cumplimiento presentado por la empresa.
Dekolor buscaba cobrar montos que atribuye a servicios y obligaciones contractuales pendientes. Sin embargo, el TC determinó que esa vía judicial no era adecuada para exigir el pago.
TC descarta el amparo para cobrar la deuda
Según el tribunal, la Ley de Presupuesto General del Estado de 2025 no incluyó una orden de pago individual a favor de Dekolor.
Por tanto, las asignaciones presupuestarias no constituyen, por sí solas, una autorización de pago a una empresa privada. Además, el presupuesto asigna recursos a instituciones para cumplir sus funciones.
En ese sentido, el TC consideró que Dekolor intentó utilizar la Ley 80-24 para ejecutar un contrato y reclamar una acreencia.
La empresa había alegado que el Intrant mantenía pendientes pagos correspondientes a 2024. También solicitó que se reconocieran cuentas que figuraban como pendientes para 2025.
Asimismo, cuestionó movimientos presupuestarios realizados por funcionarios del Intrant. Estos cambios involucraron las partidas 2.2.8.7.06 y 2.2.9.1.01.
No obstante, el tribunal concluyó que esas actuaciones no podían ser anuladas mediante un amparo de cumplimiento.
Reclamo de Dekolor tendría otra vía judicial
El TC explicó que el amparo de cumplimiento exige la existencia de una obligación legal concreta. Además, debe existir una vulneración vinculada con derechos fundamentales.
En este caso, la controversia tiene un carácter patrimonial y contractual. Por ello, el tribunal consideró que la reclamación debe discutirse mediante las vías judiciales correspondientes.
La sentencia tampoco determinó si el contrato entre Dekolor y el Intrant generó una deuda. Esa cuestión podría ser planteada ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
La decisión contó, además, con votos disidentes. La magistrada Alba Luisa Beard sostuvo que Dekolor no tenía legitimación para exigir el cumplimiento de una ley que no la identificaba como beneficiaria.
Por su parte, el magistrado Domingo Gil consideró que la acción debió ser tratada como un amparo ordinario. En consecuencia, planteó que también debía declararse manifiestamente improcedente.
El caso es distinto de otro proceso presentado en 2025 contra una nueva licitación del Intrant. También se diferencia de las denuncias de Milton Morrison sobre supuestos ofrecimientos de sobornos para extender contratos. Dekolor ha rechazado esas acusaciones.
