RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– Colectivos de teatristas dominicanos rechazaron este lunes el alza “desproporcionada” en las tarifas de alquiler de salas culturales estatales, denunciando que estas medidas afectan al teatro independiente y benefician a una élite institucional con acceso privilegiado a dichos espacios.
Según advirtieron, el Ministerio de Cultura ha convertido la infraestructura pública en “vitrinas de autopromoción” para funcionarios, mientras se obstaculiza el acceso a producciones emergentes, populares o jóvenes. Aseguran que esto consolida una cultura cerrada, desigual y elitista.
Boletería bajo crítica
Los colectivos calificaron como “abusivo” el sistema de boletería impuesto en el Teatro Nacional, por los altos cobros en servicios como emisión de boletas, pagos con tarjeta o gestión física, los cuales se aplican tanto a productores como al público.
“El teatro es fuente de ingreso para un colectivo de trabajadores. Hoy se paga más por el uso de la sala y boletería que por cualquier otro servicio. Bajo este esquema, el Teatro puede quedarse con hasta el 25% de los ingresos de una producción sin invertir un solo peso”, expresaron.
Cultura para pocos
Los artistas afirmaron que estas prácticas marginan a quienes no tienen contactos ni redes de poder, en un sistema donde prima el favoritismo institucional por encima de la calidad artística. Denunciaron la falta de criterios transparentes y democráticos en la programación de los espacios estatales.
Exigen diálogo justo.
Entre las exigencias del sector independiente se destacan:
- Programa de acceso justo a salas estatales para teatro independiente y emergente.
- Revisión del modelo de boletería del Teatro Nacional.
- Eliminación de conflictos de interés y favoritismo institucional.
- Apertura de una mesa de diálogo real entre el Ministerio de Cultura y creadores independientes para reformular las políticas culturales.
Cierre
Los teatristas instaron al Estado a reconocer el arte independiente como parte de la vida democrática y del derecho a la cultura, y exigieron medidas urgentes para garantizar la equidad, sostenibilidad y diversidad en el uso de la infraestructura pública.
