RDÉ DIGITAL, HOUSTON.- Un juez federal de Texas ha declarado ilegal el programa “parole in place” impulsado por el presidente Joe Biden, que aceleraba el proceso de obtención del estatus legal para los cónyuges extranjeros de ciudadanos estadounidenses. La decisión surge en medio de crecientes temores sobre las amenazas de deportación del presidente electo Donald Trump.
El fallo, emitido este jueves por el juez de distrito J. Campbell Barker, señala que la administración Biden no tiene “autoridad legal” para aplicar dicho programa. Este fallo representa un golpe a la política migratoria del presidente demócrata, quien dejará el cargo en enero de 2025.
El programa “Keeping Families Together” (Mantener a las familias unidas), lanzado en junio, buscaba beneficiar a medio millón de inmigrantes en Estados Unidos. A través de esta iniciativa, los cónyuges de ciudadanos estadounidenses y otros miembros de sus familias podrían regularizar su estatus migratorio sin tener que abandonar el país.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, y otros funcionarios republicanos impugnaron la medida argumentando que se “recompensaba” a quienes habían “violado las leyes” de inmigración. Paxton, quien se encuentra alineado con Trump, manifestó su apoyo a la demanda, y el fiscal general de Idaho, Raúl Labrador, celebró la decisión de bloquear el programa en la red social X, asegurando que se detenía un intento de “eludir las leyes de inmigración”.
El juez Campbell, quien fue nominado por Trump, ya había suspendido temporalmente el programa en agosto, pero tras una apelación se reactivó hasta que este jueves se dictó el fallo final. La administración Biden tiene la opción de apelar la decisión.
El plan “Keeping Families Together” permitía que los inmigrantes sin estatus legal casados con ciudadanos estadounidenses pudieran iniciar su proceso para obtener la residencia permanente sin tener que salir del país, lo que representaba una alternativa a los largos y complicados trámites que anteriormente requerían viajar fuera de EE. UU.
Las reglas aplicaban a aquellos que llevaban al menos 10 años en el país y se habían casado con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio de 2024. También extendía el beneficio a aproximadamente 50,000 hijastros de ciudadanos estadounidenses. Este permiso les otorgaba la posibilidad de trabajar y permanecer en EE. UU. por hasta tres años mientras solicitaban la “green card”.
Harold A. Solís, representante de la organización Make The Road New York, calificó la decisión como “un revés profundamente decepcionante e injusto para las familias que viven todos los días bajo el peso de la incertidumbre”.
