RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Un grupo de aproximadamente 380 haitianos indocumentados partirá este viernes hacia la frontera dominicana con Haití para retornar de manera voluntaria a su país, tras haber sido desalojados de la comunidad Mata Mosquito, ubicada en la provincia La Altagracia, cercana a la zona turística de Bávaro. La operación de desalojo fue ejecutada por autoridades migratorias y militares de República Dominicana durante el martes y miércoles de esta semana.
Desalojo sin orden judicial
El desalojo, que involucró la destrucción de varias casuchas construidas principalmente con zinc y madera, fue llevado a cabo sin una orden judicial formal, según afirmó el activista de derechos humanos Santiago Molina, quien también organiza el retorno de los haitianos. Molina destacó que, aunque no hubo incidentes durante la acción, los afectados pudieron salvar sus pertenencias. Sin embargo, el desalojo fue calificado como arbitrario e ilegítimo por el activista.
“No se notificó a nadie, de un momento a otro llegaron (autoridades de Migración y militares) a desalojar haitianos y algunos dominicanos de una manera arbitraria, ilegítima”, declaró Molina.
El retorno a Haití
Los haitianos indocumentados que han sido desalojados serán transportados a Haití mediante autobuses rentados por la Embajada de Haití en Santo Domingo. El activista explicó que desconoce el destino de otros haitianos desplazados durante la demolición, aunque estimó que en la zona vivían alrededor de 400 familias. Los militares y agentes migratorios permanecen en el área para evitar que los desplazados regresen al lugar.
Molina también aclaró que no es cierto que Mata Mosquito fuera un “nido de delincuentes”, como algunos intentaron difundir a través de las redes sociales, asegurando que en el lugar convivían pacíficamente haitianos y dominicanos.
Tensiones y críticas internacionales
El desalojo en Mata Mosquito es parte de un operativo más amplio que el Gobierno dominicano inició en octubre del año pasado para deportar a haitianos indocumentados. Recientemente, el Gobierno ha intensificado las detenciones, incluyendo la repatriación de mujeres haitianas embarazadas que acuden a hospitales dominicanos, lo que ha generado críticas de organismos internacionales como la ONU y Amnistía Internacional.
En respuesta a las críticas, el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana aseguró que las deportaciones se realizan conforme a la ley, y destacó que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el orden público y la seguridad nacional. Asimismo, el Gobierno reafirmó su compromiso con los principios universales de los derechos humanos, sin distinción de nacionalidad.
El Gobierno haitiano, por su parte, también ha expresado su rechazo a las medidas de deportación, pero las autoridades dominicanas mantienen que están actuando dentro del marco de la legalidad.
