RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El traslado de reclusos desde La Victoria a prisiones del interior del país tras el incendio del pasado 18 de marzo está causando que esos detenidos no sean llevados a los tribunales para enfrentar sus juicios.
Los traslados están generando problemas en los tribunales del Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo, ya que los reclusos que estaban en La Victoria y fueron trasladados a otros centros no son presentados en las audiencias, y algunos no llegan a tiempo.
Abogados y defensores públicos se quejan porque sus clientes son trasladados a otras prisiones y los tribunales asignados a sus casos no son informados, lo que provoca el aplazamiento de las audiencias.
Un juez mencionó que, además de la falta de traslado de los reclusos a los tribunales, se solicitan aplazamientos innecesarios por parte de los abogados de los detenidos.
La movilización se lleva a cabo por orden de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, quien había anunciado que un total de 1,800 presos de La Victoria serían reubicados en otras prisiones del país.
Los presos trasladados de La Victoria han sido enviados a prisiones como El Pinito en La Vega, Vista al Valle en San Francisco de Macorís, así como a centros de corrección y rehabilitación como CCR Anamuya en Higüey, CCR Cucama en La Romana, CCR San Pedro de Macorís, CCRA Haras Nacionales, CCR Elías Piña, CCR Batey Bienvenido 36, entre otros.
Fracaso de los tribunales móviles
Se implementó un proyecto para llevar a cabo audiencias en una furgoneta instalada en las instalaciones de la cárcel de La Victoria y el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, con el fin de aliviar la congestión en esos centros.
Sin embargo, el proyecto fracasó porque, aunque los tribunales operaban allí mismo, no llevaban a los acusados a las audiencias, a pesar de que la furgoneta realizaba tres o cuatro viajes a la cárcel cada semana para notificar los actos.
De cada diez audiencias, siete se suspendían por falta de traslado, lo que provocó el fracaso de la iniciativa destinada principalmente a reducir la población carcelaria en La Victoria, donde el 58% de los presos están en prisión preventiva.
Estas audiencias se celebraban los martes, miércoles y jueves, con la presencia de jueces, fiscales y abogados, pero no se llevaba a los detenidos debido a presunta negligencia de las autoridades y a los constantes aplazamientos innecesarios solicitados por sus abogados.
El proyecto, que estaba al borde del colapso antes de la pandemia de Covid, se vio afectado aún más, y hasta el 3 de enero de 2021, los casos que se conocían correspondían al mismo año, pero después aumentó el número de presos preventivos.
