RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó este martes la liberación inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien había sido sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
La medida permanecerá vigente mientras se resuelve la apelación presentada por su defensa ante el mismo tribunal.
La Sala de Decisión Penal resolvió acoger una acción de tutela interpuesta por los abogados del exmandatario, al considerar que la jueza Sandra Heredia —del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá— vulneró su derecho fundamental a la libertad individual al ordenar su privación inmediata de libertad tras dictar sentencia.
Uribe, líder del partido Centro Democrático y presidente de Colombia entre 2002 y 2010, se convirtió el pasado 1 de agosto en el primer expresidente del país condenado penalmente, en el marco de un proceso que se remonta a una denuncia interpuesta por él mismo en 2012 contra el senador Iván Cepeda.
Fundamentos de la decisión sobre Álvaro Uribe
Según el tribunal, la justificación de la jueza para ordenar la detención —basada en la necesidad de proteger la “convivencia pacífica”— no constituye un argumento suficiente ni claro para restringir la libertad del acusado antes de agotar las etapas del proceso judicial.
El fallo también aclaró que cualquier posible irregularidad en el actuar de la jueza o la Fiscalía deberá revisarse por la instancia que atienda la apelación.
La Sala rechazó, sin embargo, una tutela similar presentada por el partido Centro Democrático, argumentando que no se logró demostrar cómo la medida afectaba directamente los derechos fundamentales de la organización política.
Sobre el caso
El proceso penal contra Álvaro Uribe surgió tras una denuncia suya contra Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos.
No obstante, en 2018 la Corte Suprema de Justicia archivó la denuncia contra Cepeda y, en cambio, inició una investigación contra Uribe, concluyendo que había incurrido en prácticas para influir en testigos con el objetivo de desvirtuar acusaciones sobre sus supuestos vínculos con grupos paramilitares.
La sentencia emitida en agosto la apeló la defensa del exmandatario el pasado 13 de agosto. El Tribunal tiene plazo hasta el 16 de octubre para pronunciarse sobre dicha apelación.
