RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Octavo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional otorgó al Ministerio Público un plazo de ocho meses para concluir la investigación del caso Operación Cobra, que involucra a diez imputados por presuntos delitos de corrupción, estafa, desfalco, falsificación, soborno y lavado de activos en perjuicio del Estado y del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La decisión está contenida en la resolución 0668-2025-SMDC-02421, firmada el 14 de diciembre de 2025.
Caso declarado complejo
El tribunal declaró el proceso como caso complejo. Por tanto, se activan los plazos extendidos previstos en el Código Procesal Penal. Esto permitirá una investigación de mayor alcance.
En consecuencia, la Fiscalía podrá profundizar en trazas financieras, vínculos societarios y el análisis documental que integra el expediente.
Ocho meses para acusar
El juez Rigoberto Sena Ferreras advirtió que el Ministerio Público dispone de ese plazo para presentar el requerimiento conclusivo. En ese acto deberá definirse quiénes serán acusados, por cuáles cargos y bajo qué estructura jurídica.
Además, el tribunal recordó que, vencido el plazo, la Fiscalía deberá presentar acusación o solicitar archivo, según corresponda.
Medidas de coerción vigentes
Siete imputados cumplen 18 meses de prisión preventiva en Najayo Hombres y Najayo Mujeres. Mientras tanto, tres permanecen bajo arresto domiciliario, impedimento de salida y, en dos casos, garantía económica.
Asimismo, el tribunal ordenó la inmovilización de varios inmuebles vinculados al expediente. Las medidas de arresto domiciliario tendrán una duración máxima equivalente al plazo de investigación, salvo cambios procesales.
Revisión en marzo
La revisión obligatoria de las medidas de coerción para quienes guardan prisión fue fijada para el 11 de marzo de 2025. En esa audiencia, el tribunal evaluará si subsisten los presupuestos que motivaron la prisión preventiva.
Próximos pasos
Con el plazo ya en curso, el Ministerio Público deberá consolidar la investigación sobre el presunto esquema que habría afectado fondos destinados a servicios de salud.
Durante estos ocho meses se prevén peritajes financieros, entrevistas ampliadas, análisis de transacciones y la depuración de responsabilidades individuales, antes de someter la acusación formal.
