Un tribunal federal de apelaciones autorizó de forma temporal a la Administración del presidente Donald Trump a continuar aplicando un gravamen global del 10 % sobre importaciones. La decisión se produce mientras avanza el litigio judicial contra la medida.
Decisión judicial y base legal
El fallo permite al Gobierno seguir cobrando los aranceles mientras se resuelve el caso. Además, estos impuestos fueron establecidos bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.
Esta disposición autoriza al presidente a imponer aranceles de hasta el 15 % por un periodo máximo de 150 días. Sin embargo, su extensión requiere aprobación del Congreso.
Origen del conflicto legal
El caso surge tras una demanda presentada por pequeñas empresas. En mayo, un tribunal de comercio en Nueva York había declarado estos aranceles “inválidos” y “no autorizados por la ley”.
Asimismo, el tribunal argumentó que la Administración Trump habría excedido su autoridad en materia arancelaria.
Contexto del fallo del Supremo
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ya había limitado el uso de la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA). Esta norma fue utilizada como base para parte de la política arancelaria del Ejecutivo.
Además, el fallo afectó a los llamados aranceles “recíprocos” y a gravámenes adicionales aplicados a México y Canadá.
Impacto económico y medidas previas
Tras el revés judicial, el Gobierno inició un proceso para reembolsar unos 166.000 millones de dólares recaudados por aranceles anulados.
Mientras tanto, el Ejecutivo había planteado aumentar los gravámenes hasta el 15 %, aunque esa medida no se ha concretado.
