RDÉ DIGITAL, ESTADOS UNIDOS (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó este miércoles que la Casa Blanca y otras agencias federales pueden continuar solicitando a las plataformas de redes sociales la eliminación de contenido que pueda considerarse desinformación. Esta decisión, con una votación de 6 contra 3, es crucial para el país y para el Gobierno de Joe Biden en el año electoral.
La Corte Suprema rechazó el esfuerzo encabezado por los republicanos para limitar esta capacidad, desestimando así la demanda presentada por los gobiernos de Misuri y Luisiana, junto con varios usuarios de redes sociales. Estos acusaban a la Administración de Biden de censura y de violar la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión.
La audiencia del caso se celebró en marzo, y su importancia radicaba en que podría haber establecido normas claras sobre la libertad de expresión en internet, definiendo hasta qué punto el Gobierno federal puede intervenir en la eliminación de publicaciones polémicas sobre temas como la COVID-19 y las elecciones.
Sin embargo, en lugar de abordar las cuestiones de la Primera Enmienda, el tribunal dictaminó que los estados y los usuarios de las redes sociales no tenían legitimación activa para demandar. La jueza Amy Coney Barrett, redactó la opinión, e indicó que los demandantes no pudieron demostrar un riesgo sustancial de daño directo que pudiera repararse mediante una orden judicial.
Desde el inicio de la pandemia de coronavirus, la Administración de Biden había instado a las plataformas de redes sociales a eliminar publicaciones con información errónea sobre vacunas y la pandemia, argumentando que muchas de esas publicaciones violaban las políticas de las plataformas.
En 2022, funcionarios republicanos de Misuri y Luisiana demandaron a la Casa Blanca, acusándola de violar la Primera Enmienda. No obstante, el Tribunal Supremo estimó que los estados y los individuos no pudieron demostrar que fueron directamente perjudicados por la comunicación entre los funcionarios federales y las redes sociales. Además, Barrett señaló que las plataformas como Facebook y YouTube tienen políticas de moderación de contenido establecidas desde hace tiempo, y no se demostró que las acciones de eliminación de publicaciones fueran atribuibles al Gobierno.
En Estados Unidos no existen normas específicas que regulen los límites de la libertad de expresión en las redes sociales, por lo que el Tribunal Supremo está desempeñando un papel cada vez más relevante en este ámbito.
