RDÉ DIGITAL, WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva con el objetivo de reducir “significativamente” la plantilla de la Administración pública y otorgar mayor poder al recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).
Este departamento, bajo la supervisión del empresario Elon Musk, será responsable de recortar el gasto público y reorganizar diversas agencias federales.
Trump, acompañado por Musk, quien fue vestido con una gorra con el lema ‘MAGA’, y su hijo menor, X Æ A-Xii, presentó la medida en una conferencia de prensa en el Despacho Oval.
En su intervención, Musk destacó la necesidad de implementar “controles de sentido común” para reducir gastos innecesarios dentro del gobierno federal, al mismo tiempo que minimizó las críticas sobre su vinculación con varias investigaciones en curso sobre sus empresas.
El empresario subrayó la importancia de la transparencia en el proceso, aunque aclaró que no tiene intención de hacer públicas sus declaraciones financieras. Trump, por su parte, expresó su apoyo a Musk, defendiendo que no existían conflictos de interés y señalando que la administración pública estaba plagada de “fraude” y “abuso” en la adjudicación de contratos, lo que había provocado el desperdicio de “decenas de miles de millones de dólares”.
La orden ejecutiva establece que las agencias federales deberán colaborar con el DOGE para reducir personal, limitando las contrataciones solo a puestos considerados “esenciales”.
Además, las agencias podrán reemplazar a un solo empleado por cada cuatro que dejen su puesto, una vez finalizada la actual congelación de contrataciones. Excepciones a esta regla se harán en áreas relacionadas con la seguridad nacional y el control migratorio.
El DOGE también ha comenzado a desmantelar algunas agencias federales, como la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), generando incertidumbre sobre el futuro de sus empleados y dando lugar a demandas legales por parte de los afectados.
Los movimientos del DOGE han desatado controversia, mientras el gobierno sigue avanzando en su objetivo de reducir el tamaño del gobierno federal y recortar el gasto público.
