RDÉ DIGITAL, ESTADOS UNIDOS.- La Administración del presidente estadounidense Donald Trump presentó una nueva propuesta para ampliar las facultades de los funcionarios migratorios y permitirles negar la residencia permanente a solicitantes que consideren que podrían convertirse en una “carga pública”, retomando una de las políticas más controvertidas de su mandato anterior.
La iniciativa, presentada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), plantea derogar la norma vigente desde 2022, la cual establece los criterios actuales para evaluar si un extranjero puede representar un costo económico para el país al solicitar una “green card” o residencia.
La versión de 2019 impulsada por Trump había endurecido significativamente el criterio, permitiendo rechazar solicitudes de inmigrantes que hubieran recurrido a programas de asistencia pública como ayuda alimentaria, subsidios de vivienda o servicios de salud, incluidos Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP).
La medida generó que numerosos solicitantes evitaran pedir beneficios gubernamentales, incluso cuando sus hijos, ciudadanos estadounidenses, tenían derecho a ellos.
Posteriormente, la Administración de Joe Biden revocó esas disposiciones y redujo el alcance del veto, argumentando que la regulación anterior disuadía a familias vulnerables de acceder a servicios esenciales.
El Gobierno de Trump sostiene ahora que los cambios buscan evitar que la asistencia pública actúe como incentivo para la inmigración y reforzar la autosuficiencia de los solicitantes.
La propuesta deberá someterse a un período de comentarios antes de avanzar hacia su posible implementación.
