RDÉ DIGITAL, ESTADOS UNIDOS (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó el viernes haber firmado una proclamación que invoca una ley de hace dos siglos para deportar a presuntos pandilleros venezolanos enviados a prisión en El Salvador. La aclaración llega pocas horas después de que el juez James Boasberg calificara las repercusiones de utilizar una ley de guerra de 1798 como “increíblemente problemáticas”.
Durante el fin de semana, Trump invocó esa inusual ley para deportar a 238 hombres, quienes, según su administración, pertenecían a la pandilla venezolana Tren de Aragua, con destino a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. La secretaria de prensa de la Casa Blanca había emitido un comunicado en el que afirmaba que Trump “firmó una Proclamación que invoca la Ley de Enemigos Extranjeros” y que el documento aparecía en el Registro Federal con la firma del presidente.
Sin embargo, Trump insinuó el viernes que su secretario de Estado fue quien tuvo más que ver con el asunto. “No sé cuándo se firmó porque yo no lo firmé. Otras personas se encargaron”, dijo el mandatario a los periodistas.
Asimismo, el presidente agregó “Marco Rubio ha hecho un gran trabajo y los quería afuera, y nosotros lo apoyamos”.
Esta semana, Trump arremetió contra el juez Boasberg y pidió su destitución, lo que le valió una reprimenda del presidente de la Corte Suprema, John Roberts. El decreto que aplica la inusual ley estaba fechado el 14 de marzo y fue divulgado al día siguiente por la Casa Blanca, horas antes de la deportación de más de 200 personas presentadas como presuntos miembros del Tren de Aragua, organización declarada “terrorista” por Washington.
En una audiencia, el juez Boasberg cuestionó la premura del proceso diciendo “me parece que la única razón por la que hacen esto es porque saben que hay un problema y quieren sacarlos del país antes de que se presenten demandas legales”, dijo al abogado del gobierno, Drew Ensign.
El magistrado también planteó dudas sobre el tratamiento de quienes no son miembros del Tren de Aragua ni ciudadanos venezolanos. “¿Qué pasa con quienes no son miembros del Tren de Aragua ni ciudadanos venezolanos? ¿Cómo pueden impugnar su expulsión?”, añadió.
Por ello, Boasberg suspendió las expulsiones bajo esta ley hasta fin de mes. Por su parte, Lee Gelernt, abogado de la organización de derechos civiles ACLU, insistió en la necesidad de “poder impugnar” la pertenencia a la pandilla.
El juez añadió que “las repercusiones políticas son increíblemente problemáticas y preocupantes, un uso extensivo y sin precedentes de la ley, que hasta ahora solo se había invocado en contextos de conflicto militar, es decir “cuando era indiscutible que existía una declaración de guerra y quién era el enemigo”.
No obstante, Trump reafirmó su posición sobre el alcance del decreto, argumentando que le confiere el poder de arrestar y deportar a extranjeros sin pasar por los juzgados. En respuesta a un periodista, el presidente afirmó que “eso es lo que dice la ley y lo que este país necesita”.
El mandatario aseguró que se realizó un “riguroso proceso de investigación” y que dicho proceso continuará en El Salvador. Además, destacó que las más de 200 personas deportadas y encarceladas en una prisión de alta seguridad salvadoreña son “criminales”.
“Eran un grupo malo (…) y estaban con muchos otros que eran absolutamente asesinos, homicidas y personas con los peores antecedentes penales”, agregó.
Esta semana, la Casa Blanca acusó al “régimen hostil” del mandatario venezolano Nicolás Maduro de enviar a Estados Unidos al Tren de Aragua, mientras que el Departamento de Estado afirmó que este grupo “está estrechamente asociado, alineado y, de hecho, ha infiltrado” el gobierno del líder chavista. Sin embargo, un informe del 26 de febrero de agencias de inteligencia de Estados Unidos, citado por el New York Times, concluyó que la banda no está controlada por el gobierno venezolano.
En respuesta a las filtraciones, el Departamento de Justicia anunció la apertura de una “investigación criminal sobre la filtración selectiva de información inexacta, pero clasificada, de la comunidad de inteligencia sobre el Tren de Aragua”. El comunicado del Departamento deploró “los intentos con motivaciones políticas del gobierno en la sombra de socavar la agenda del presidente Trump filtrando información falsa”.
El departamento subrayó que la aplicación de la ley de 1798 “está basada en hechos, derecho y sentido común, lo cual demostraremos en los tribunales antes de expulsar de este país a los terroristas del Tren de Aragua”.
