Por Jeimy Moquete
RDÉ DIGITAL, WASHINGTON.-El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció este lunes un incentivo de 1,000 dólares y asistencia de viaje para los migrantes en situación irregular que utilicen una nueva aplicación oficial para regresar voluntariamente a sus países de origen.
La medida forma parte de las políticas migratorias implementadas desde el inicio del segundo mandato de Trump en enero, enfocadas en reducir la migración irregular. A través de un comunicado, el Departamento de Seguridad Interior (DHS) presentó la aplicación móvil CBP Home, mediante la cual los extranjeros podrán comunicar al gobierno su intención de autodeportarse.
Según el DHS, una vez confirmado el regreso del migrante a su país mediante esta plataforma, recibirá un pago de 1,000 dólares. La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, calificó el programa como una “oportunidad histórica” y señaló que permitirá reducir los costos de deportación en un 70 %. Actualmente, el gobierno estima en 17,121 dólares el costo promedio de arresto, detención y expulsión de una persona en situación irregular.
“El proceso de autodeportación es la opción más segura y económica para quienes están indocumentados en Estados Unidos”, afirmó Noem. Según el gobierno, un ciudadano hondureño ya utilizó el programa para obtener un vuelo de Chicago a Honduras.
Durante una reunión de gabinete en abril, Noem estimó que entre 20 y 21 millones de personas deberían abandonar el país. Sin embargo, datos oficiales de 2022 indican que había 11 millones de migrantes en situación irregular o con estatus temporal en Estados Unidos.
La administración Trump ha intensificado las detenciones, con más de 168,000 migrantes arrestados en 2025, incluidos más de 600 presuntos miembros del grupo venezolano Tren de Aragua, declarado organización terrorista por el gobierno. Según la Casa Blanca, casi 300 presuntos pandilleros del Tren de Aragua y de la MS-13 han sido enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, que aceptó recibirlos a cambio de un pago de seis millones de dólares.
Abogados de algunos deportados han negado que sus representados pertenezcan a pandillas y alegan que fueron arrestados por su apariencia física, como tatuajes. Organizaciones defensoras de los derechos civiles han cuestionado el programa, denunciando expulsiones sin el debido proceso legal.
