RDÉ DIGITAL, ESTADOS UNIDOS.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva en la que instruye a la fiscal general, Pam Bondi, a solicitar la pena de muerte en todos los casos judiciales federales que cumplan con los “factores aplicables”, en un intento por revivir esta práctica en el Distrito de Columbia, donde fue abolida en 1981.
La medida, detallada en un memorando presidencial, está enmarcada en una estrategia más amplia del Ejecutivo para abordar lo que la administración describe como un “incremento descontrolado del crimen” en la capital del país.
Restablecimiento bajo criterios federales
La directiva establece que el Fiscal General para el Distrito de Columbia deberá dar prioridad a la solicitud de la pena capital cuando se cumplan ciertos criterios definidos por la ley federal, sin detallar cuáles son exactamente esos “factores aplicables”.
El objetivo, según el documento, es responder de forma contundente ante amenazas a la seguridad pública.
“Washington D.C. enfrenta niveles inaceptables de violencia. El gobierno federal no puede permanecer inactivo mientras los ciudadanos son víctimas de crímenes violentos a diario”, señala el memorando.
Toma de control federal sobre la seguridad en la capital
Desde el pasado 11 de agosto, el presidente Trump ya había ordenado una intervención federal en la seguridad de la capital, al asumir control sobre la Policía Metropolitana de Washington y desplegar elementos de la Guardia Nacional junto con agentes de agencias federales como el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional.
Esta intervención se da al margen de las autoridades locales, en un contexto de tensiones entre la Casa Blanca y el liderazgo demócrata de la ciudad.
Implicaciones políticas y jurídicas en la posible medida de Trump
El anuncio representa un intento sin precedentes en décadas por reinstaurar la pena de muerte en la capital estadounidense, donde se eliminó tras una decisión legislativa local en 1981.
Si bien el Gobierno federal puede aplicar la pena capital en casos federales en cualquier estado, su imposición en Washington D.C., sin aprobación del gobierno local, podría generar desafíos constitucionales y legales.
Organizaciones de derechos civiles y representantes del Partido Demócrata ya han expresado preocupación por la medida, calificándola de “políticamente motivada” y advirtiendo que podría socavar la autonomía legal del Distrito de Columbia.
