RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este lunes que el canal CBS pierda su licencia de emisión o reciba sanciones económicas por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), tras un reportaje del programa “60 Minutes” que cuestionó la política de su gobierno sobre Groenlandia y Ucrania.
En un mensaje publicado en su red social Truth, Trump afirmó que el icónico programa de investigación “menciona el nombre de TRUMP de manera derogatoria y difamatoria casi todas las semanas”. También señaló que el más reciente segmento “muestra a nuestro país, liderado por mí, de manera falsa, sesgada y fraudulenta”.
“¡Deberían perder su licencia!”
El mandatario exigió a la FCC, liderada por el comisionado Brendan Carr, imponer “las multas y castigos máximos, algo sustancial, por su comportamiento ilegal”. Según Trump, la cadena ha incumplido principios éticos al difundir contenido que, en su opinión, atenta contra su imagen y manipula la opinión pública.
La propuesta del presidente ha generado preocupación entre expertos legales y defensores de la libertad de prensa, quienes advierten que una sanción de este tipo vulneraría la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión y de prensa en Estados Unidos.
Antecedentes legales: demanda por US$20,000 millones.
La relación entre Trump y CBS se tensó aún más en octubre, cuando el expresidente demandó a la cadena tras la emisión de una entrevista a su rival electoral, la vicepresidenta Kamala Harris. Según el republicano, el segmento intentó favorecer la imagen de Harris y desacreditar su candidatura.
En la demanda, Trump exige una indemnización de US$20,000 millones por presunta manipulación mediática e injuria. La empresa Paramount Global, propietaria de CBS News, respondió que el caso representa “una afrenta directa a la libertad de prensa”.
Críticas en aumento a medios y organismos públicos
Esta nueva ofensiva mediática se suma a las recientes órdenes ejecutivas de Trump para desmantelar siete agencias federales, incluyendo la emisora estatal Voz de América, bajo el argumento de “reestructurar los medios públicos” y “eliminar propaganda institucionalizada”.
El creciente enfrentamiento entre la Casa Blanca y los medios de comunicación ha encendido las alarmas entre organizaciones de derechos civiles y periodistas, que acusan al presidente de intimidar a la prensa independiente y buscar controlar el discurso público.
