Por Jeimy Moquete
RDÉ DIGITAL, WASHINGTON.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que la ciudadanía por nacimiento fue establecida tras la guerra civil para proteger a los “hijos de los esclavos” y no para quienes “se toman vacaciones para obtener la ciudadanía”, el mismo día en que el Tribunal Supremo evaluará si los jueces pueden bloquear su intento de eliminar este derecho.
El Tribunal Supremo analizará hoy la validez de tres demandas que buscan impedir la implementación de la orden ejecutiva firmada por Trump en enero, en su regreso a la Casa Blanca, para eliminar el derecho de ciudadanía automática a hijos de padres indocumentados o con visa temporal nacidos en suelo estadounidense.
“La ciudadanía por nacimiento trata de los hijos de esclavos. Como prueba concluyente, la guerra civil terminó en 1865; el proyecto de ley llegó al Congreso menos de un año después, en 1866, y se aprobó poco después. No tenía nada que ver con la inmigración ilegal de personas de todas partes del mundo que quieren estafar a nuestro país, algo que han hecho durante muchos años”, escribió Trump en su red social Truth Social.
“Por favor, explíquenle esto a la Corte Suprema de los Estados Unidos”, añadió el mandatario, señalando que en 1866 el país no enfrentaba “una afluencia masiva de personas desde toda Sudamérica y el resto del mundo”.
Críticas al turismo de parto
El presidente criticó lo que denominó “turismo de parto”, al afirmar que “la ciudadanía por nacimiento no fue concebida para que quienes se toman vacaciones para obtener la ciudadanía permanente de Estados Unidos, trayendo a sus familias con ellos, riéndose constantemente de lo ingenuos que somos”.
Trump aseguró que “Estados Unidos es el único país del mundo que hace esto, y nadie sabe por qué”, pese a que más de treinta países en el mundo otorgan ciudadanía automática por nacimiento.
En su mensaje, también afirmó que “a los cárteles de la droga les encanta” esta política, y agregó: “Somos, por ser políticamente correctos, un país estúpido, pero, en realidad, esto es exactamente lo contrario de ser políticamente correcto, y ese es otro factor que contribuye a la disfunción de Estados Unidos”.
Contexto legal
La orden ejecutiva firmada por Trump fue impugnada por jueces federales en Maryland, Washington y Massachusetts, quienes dictaron fallos separados indicando que el presidente no puede modificar la Constitución mediante decreto, y emitieron un bloqueo temporal a nivel nacional mientras se resuelve el caso.
El Gobierno ha solicitado al Tribunal Supremo que revise el asunto. Los magistrados —seis conservadores y tres liberales— se enfocarán en determinar si los tribunales inferiores tienen autoridad para bloquear una orden presidencial de manera nacional.
La decisión del Supremo podría tener implicaciones importantes para otras demandas presentadas contra la Administración por organizaciones defensoras de los derechos civiles y de los inmigrantes, estableciendo un precedente sobre el alcance legal de las cortes federales en asuntos de política nacional.
