RDÉ DIGITAL, ESTADOS UNIDOS.- La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó este jueves a la Corte Suprema intervenir en una serie de apelaciones de emergencia para permitir la implementación de su controversial política de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, una teoría jurídica que ha sido rechazada por tribunales inferiores en múltiples ocasiones.
En su apelación, el Departamento de Justicia argumentó que los tribunales de menor rango se habían excedido al emitir órdenes judiciales a nivel nacional que bloqueaban la política, y solicitó a la Corte Suprema que limitara el impacto de esas órdenes.
Los fallos previos han impedido que el decreto firmado por Trump en su primer día de su segundo mandato entre en vigor.
El Departamento de Justicia señaló que las órdenes judiciales universales emitidas por los tribunales inferiores “prohíben que un decreto del día 1 se aplique en cualquier parte del país, afectando a ‘cientos de miles’ de individuos no identificados por el tribunal”.
En su solicitud, el Gobierno también expresó que estas decisiones judiciales habían alcanzado “proporciones epidémicas” desde el inicio de la administración Trump.
La controversia gira en torno a la interpretación de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que durante más de 150 años ha sido entendida por los tribunales como una garantía de ciudadanía para todas las personas nacidas en el país, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
Esta interpretación fue afirmada por la Corte Suprema en 1898 en el caso United States v. Wong Kim Ark, y desde entonces no ha sido revisada por la corte moderna.
Sin embargo, algunos sectores conservadores argumentan que la 14ª Enmienda debería ser interpretada de manera diferente, citando una frase en la que se establece que el beneficio de la ciudadanía se aplica solo a las personas “sujetas a la jurisdicción” de Estados Unidos.
De acuerdo con esta teoría, los inmigrantes indocumentados en el país no estarían “sujeto a la jurisdicción” de Estados Unidos, ya que mantienen vínculos con su país de origen.
A pesar de las controversias legales y el rechazo de los tribunales inferiores, la administración Trump continúa buscando la vía judicial para implementar su política, lo que podría tener un impacto significativo en las leyes de ciudadanía del país si la Corte Suprema decide intervenir en el caso.
