RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El Tribunal Superior Administrativo (TSA) admitió una demanda de nulidad contra el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), relacionada con el uso de fondos públicos durante el proceso de licitación para la emisión de licencias de conducir.
Mediante el Auto núm. 18002-2025, el tribunal concedió un plazo de 30 días al INTRANT para responder a los señalamientos, y fijó para este miércoles a las 2:00 de la tarde una audiencia virtual con el fin de conocer una solicitud de suspensión cautelar del proceso.
La demanda fue presentada por el abogado Ángel Lockward, representado legalmente por el jurista Juan Manuel Guerrero, quien sostiene que el Intrant habría desviado recursos presupuestarios mediante una reasignación irregular de partidas, afectando la legalidad del proceso licitatorio.
Según la acción, los fondos originalmente asignados por el Congreso Nacional, RD$10 millones, para la licitación de licencias, presuntamente complementados mediante una transferencia desde una partida destinada a servicios prestados por la empresa DEKOLOR, por un monto de RD$1,400 millones.
La demanda califica esta acción como una desviación de poder y una posible falta de responsabilidad patrimonial.
Entre los funcionarios mencionados en la demanda figuran el director del Intrant, Milton Morrison; el director general de Presupuesto, José Rijo; el titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.
Además, el funcionario César Bobadilla, todos señalados como co-demandados en acciones de responsabilidad por daños económicos que, según el expediente, ascienden a más de RD$7,800 millones en total.
El caso, que ya estuvo en controversia pública, toma un nuevo giro al centrarse ahora en los aspectos financieros y administrativos del proceso de licitación.
De acuerdo con el expediente, varias enmiendas y objeciones por parte de oferentes nacionales e internacionales han cuestionado la transparencia del pliego de condiciones del concurso.
