RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) celebrará este jueves 16 de octubre, a las 9:00 a. m., la audiencia sobre la acción de amparo interpuesta por los ciudadanos Hernani Aquino y Ricardo Ripoll, quienes reclaman la aplicación inmediata de la Ley 225-20 de Gestión Integral de Residuos Sólidos, cuyo plazo para la eliminación del poliestireno expandido (foam) venció el pasado 2 de octubre.
La demanda, que cuenta con el respaldo del Defensor del Pueblo como interviniente voluntario, sostiene que la continuidad de la comercialización de envases de foam constituye un “engaño masivo” al consumidor y un “desacato consumado” al mandato legislativo. Los accionantes argumentan que, transcurridos los cinco años de transición establecidos en la ley, el uso de estos productos se encuentra en un estado de ilegalidad.
El recurso judicial expone que la industria del plástico promovió una norma técnica inaplicable en el país para aparentar cumplimiento y que, según certificación del Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), no existe registro de productos con aval que confirme la supuesta biodegradabilidad de los envases.
Aquino declaró que el país tuvo “1,825 días para actuar y no hizo nada”, subrayando que la acción busca garantizar la salud ciudadana y la vigencia del marco legal. La pieza de amparo advierte además que el estireno, componente principal del foam, es considerado por agencias internacionales como un posible carcinógeno capaz de migrar a los alimentos.
Los demandantes sostienen que la falta de ejecución estatal contradice compromisos asumidos por la República Dominicana en acuerdos internacionales como el Convenio de Basilea y el Acuerdo de París, relativos al manejo responsable de residuos y la reducción de emisiones contaminantes.
En la audiencia se prevé la participación de representantes de ministerios con competencia en la materia, de asociaciones industriales y de cadenas comerciales. El proceso judicial abre un espacio de debate sobre la responsabilidad del Estado y del sector privado en la transición hacia materiales sostenibles, en consonancia con el derecho a un medio ambiente sano.
