RDÉ DIGITAL, HAITÍ (EFE).- La crisis de violencia armada que sacude a Haití ha provocado el cierre de al menos 1,600 escuelas entre enero y abril de 2025, según informó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Esta situación ha dejado sin clases a miles de niños y niñas en distintos departamentos del país, afectando de forma directa su derecho a la educación.
De acuerdo con el informe, los departamentos más golpeados por esta problemática son el Centro, el Oeste, Artibonito y el Norte, donde el avance de grupos armados ha convertido a los centros escolares en lugares inseguros. La falta de protección ha obligado al cierre de planteles, dejando a estudiantes y docentes en condiciones de extrema vulnerabilidad.
“Las escuelas, que deberían ser entornos seguros, están ahora en el centro de la violencia”, indica OCHA, advirtiendo sobre las consecuencias sociales de esta realidad. La interrupción educativa aumenta el riesgo de que menores caigan en el trabajo infantil, el matrimonio precoz o sean reclutados por redes delictivas, mientras que el personal docente ve comprometida su estabilidad laboral.
A esta situación se suma el agravamiento de la violencia en distintas zonas del país, con un incremento en los enfrentamientos entre grupos armados, secuestros y homicidios, según ha documentado el periódico haitiano Le Nouvelliste. La lucha por el control territorial está exacerbando una crisis humanitaria que afecta especialmente a la infancia y la adolescencia.
En respuesta, el Plan de Respuesta Humanitaria 2024 elaborado por Naciones Unidas plantea un presupuesto de más de 61 millones de dólares para apoyar el sistema educativo en Haití. Sin embargo, hasta el 15 de mayo solo se ha recibido menos de una décima parte de ese monto, lo que limita la capacidad de acción de las organizaciones en terreno.
Entre las medidas urgentes que plantea la ONU se encuentran la instalación de espacios temporales de aprendizaje como escuelas en Haití, entrega de kits escolares a 100,000 estudiantes, apoyo psicosocial a la comunidad educativa, y mejoras en acceso a agua y saneamiento, así como medidas de protección para evitar que las escuelas sigan siendo blanco de violencia.
OCHA insiste en que la atención inmediata es crucial para evitar una crisis educativa con efectos duraderos en las próximas generaciones.
