RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO (EFE). – El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en la República Dominicana expresó su preocupación por un artículo en el proyecto de ley del Código Penal que, según la organización, “sugiere a la sociedad dominicana que la violencia ejercida hacia niños, niñas y adolescentes en el hogar está permitida siempre que no represente un patrón y no sea reiterada”.
Durante las vistas públicas del proyecto, Anyoli Sanabria, representante adjunta de Unicef, reiteró las recomendaciones de la organización para garantizar la protección integral de los menores.
Sanabria enfatizó que el artículo en cuestión impone la carga probatoria a las víctimas para obtener medidas protectoras o penales, al exigir que se demuestre la repetición de la violencia.
“El mensaje social que este artículo transmite es dañino para la infancia, pues autoriza el uso de la violencia, limitando apenas su recurrencia”, afirmó Sanabria. La vocera agregó que el 64 % de los niños y adolescentes en República Dominicana han experimentado violencia física o psicológica por parte de sus cuidadores, según datos de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados de 2019 (ENHOGAR-MICS).
Unicef instó a garantizar la compatibilidad entre el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el nuevo Código Penal, dado que el artículo 19 de la Convención requiere a los Estados signatarios proteger a los menores contra toda forma de violencia.
La organización destacó que, en 2023, el Comité de los Derechos del Niño recomendó al Estado dominicano prohibir de manera explícita los castigos corporales en todos los entornos.
La directora general de Unicef, Mónika Infante Henríquez, subrayó la importancia de revisar el artículo 123 del proyecto de ley para eliminar las excepciones que permiten la violencia. La organización también instó al Senado y a la Cámara de Diputados a comprometerse con la protección de los derechos de los niños y adolescentes en la revisión de esta legislación.
Unicef concluyó destacando la necesidad de una educación respetuosa que no implique métodos de crianza violentos, y llamó a incorporar la prohibición de la violencia física en los principales instrumentos jurídicos del país.
