RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Entre 2020 y 2024, el Estado dominicano dejó de percibir RD$3,854.6 millones por concepto de exoneraciones totales en la importación de vehículos. Así lo revela la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en un contexto donde el sistema de incentivos fiscales genera cuestionamientos sobre su impacto real y su distribución desigual.
Durante la última década, se importaron 28,696 vehículos bajo exoneración total, generando un costo fiscal acumulado de RD$10,819 millones entre 2013 y 2020. A partir de 2020, el volumen aumentó en un 23.5 %, alcanzando 30,664 unidades hasta 2024. De estas, 2,517 recibieron exención completa y otras 28,147 algún tipo de beneficio parcial, con un impacto fiscal total de RD$19,236 millones.
Legisladores y empresas privadas lideran el uso del beneficio.
Los legisladores acumularon RD$2,195 millones en exenciones durante el último cuatrienio. Les siguen empresas privadas (RD$681.1 millones), funcionarios judiciales y del Ministerio Público (RD$503.2 millones) e instituciones religiosas (RD$294.7 millones).
Según el economista Luis Humberto Vargas, el sistema actual perpetúa desigualdades fiscales: “El pollo y la leche pagan 18 % de impuestos, mientras que estos sectores privilegiados reciben beneficios tributarios sin contrapesos claros”, advirtió.
Críticas a la transparencia y control del sistema
Vargas también denunció que muchos vehículos exonerados son usados para fines personales, a pesar de ser declarados como institucionales. Propuso la creación de un Instituto de Investigación Fiscal independiente para auditar el uso real de estos beneficios.
En tanto, el Ministerio de Hacienda informó que trabaja en una metodología para evaluar el impacto de las exoneraciones y aclaró que la fiscalización es responsabilidad de la Dirección General de Aduanas (DGA), que hasta la fecha no ha reportado irregularidades.
Un gasto creciente frente a una reforma fiscal fallida
Para 2025, se estima que estas exenciones costarán al Estado RD$9,192 millones, más del doble que en 2024. El economista Haivanjoe Ng Cortiñas advirtió que el sistema vigente es “disperso, discrecional y opaco”, y urge unificarlo en una ley integral y transparente.
Este gasto tributario equivale al 3.2 % del total que se esperaba recaudar con la fallida reforma fiscal presentada en octubre de 2024, lo que evidencia su peso en las finanzas públicas.
El rediseño del régimen de incentivos no es solo una necesidad técnica, sino una prioridad política y social.
