RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Gobierno de Venezuela expresó este lunes su rechazo contundente a la orden de captura internacional emitida por el juez argentino Ariel Lijo contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y otros miembros del Gobierno nicaragüense. Esta medida responde a acusaciones por presuntas violaciones de derechos humanos.
En un comunicado oficial, la Administración de Nicolás Maduro calificó la orden de “ilegal e ilegítima” y afirmó que se trata de una “operación de ‘lawfare’ diseñada para atacar a un Gobierno legítimo y soberano”. Según el Ejecutivo venezolano, la acción judicial “demuestra el uso político del sistema judicial argentino como un instrumento de intervención”.
Venezuela señaló que esta orden judicial, basada en lo que califican como “falsedades de agentes alineados al hegemonismo occidental y sectores opositores antisandinistas”, forma parte de una estrategia que busca “socavar la soberanía de los Estados independientes y justificar medidas coercitivas unilaterales en nombre de supuestos principios de derechos humanos”.
El comunicado también rechazó el uso del principio de jurisdicción universal con fines políticos, calificándolo como una violación al derecho internacional y a los principios de soberanía y no injerencia en los asuntos internos de los Estados.
Contexto de la orden judicial
El juez Ariel Lijo, quien desde 2022 investiga este caso en Argentina, emitió la orden tras una denuncia presentada por el abogado argentino Dario Richarte y otros, quienes alegaron graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Lijo resolvió la citación de Ortega, Murillo y otros altos funcionarios nicaragüenses para prestar declaración indagatoria, además de emitir órdenes de captura internacional con fines de extradición.
Según el documento judicial, en Nicaragua se habría implementado en 2018 un “plan sistemático y generalizado de violenta represión contra la población civil”, utilizando la estructura del aparato estatal para disuadir manifestaciones y perseguir a disidentes políticos.
La resolución de 76 páginas detalla acusaciones por “graves violaciones contra los derechos humanos” y señala la responsabilidad del Gobierno nicaragüense en actos de represión contra su población.
Esta situación ha generado un fuerte cruce diplomático entre los Gobiernos de Venezuela y Argentina, en medio de crecientes tensiones sobre el respeto a los derechos humanos y la soberanía estatal.
