RDÉ DIGITAL, VENEZUELA.– Este domingo 25 de mayo, Venezuela celebrará elecciones parlamentarias y regionales para renovar 285 escaños de la Asamblea Nacional, 24 gobernaciones y 260 curules en los parlamentos estatales. Sin embargo, los comicios se desarrollarán en un ambiente de profunda crisis institucional, marcado por la desconfianza ciudadana, el boicot opositor y reiteradas denuncias de irregularidades.
Estas elecciones llegarán apenas diez meses después de las controvertidas presidenciales de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro fue proclamado vencedor sin que se hicieran públicas las actas de escrutinio. La principal coalición opositora, liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, ha anunciado que no participará en el proceso y ha llamado a la abstención nacional.
Oposición dividida y represión política
Mientras tanto, figuras opositoras como Henrique Capriles y Juan Requesens han optado por acudir a las urnas, argumentando que la única manera de frenar al oficialismo es evitando la abstención total. Sin embargo, la oposición llega dividida y debilitada, y muchos de sus dirigentes enfrentan persecución. Esta semana, Juan Pablo Guanipa —aliado cercano de Machado— fue arrestado acusado de conspiración, en un contexto de crecientes detenciones que también ha alcanzado a ciudadanos extranjeros.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado un patrón de hostigamiento político que, sumado a las restricciones en la inscripción de candidatos y al control institucional del chavismo, ha reducido drásticamente la competencia electoral.
Alta abstención y alarma internacional
Todo apunta a que la abstención será protagonista. Según una reciente encuesta de Meganálisis, casi el 85% de los venezolanos no planea votar, reflejo del desencanto generalizado y la percepción de que estos comicios no ofrecen una vía real hacia el cambio político.
La comunidad internacional ha expresado preocupación. La ONU, el Centro Carter y otros organismos han cuestionado las condiciones de equidad y transparencia del proceso. Paralelamente, el gobierno impulsa una reforma constitucional que podría reforzar el poder del Ejecutivo, debilitando aún más el equilibrio institucional.
A falta de pocas horas para la apertura de las urnas, el país se encuentra atrapado entre la desmovilización ciudadana y la consolidación autoritaria. El resultado de estas elecciones podría reconfigurar el mapa político nacional, aunque gran parte de la población teme que solo profundicen la crisis democrática.
