RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, aseguró este jueves que el nuevo Código Penal constituye un avance histórico en la lucha contra la corrupción al tipificarla como delito autónomo por primera vez.
Corrupción: delito autónomo
“Cualquier hecho doloso que afecte al patrimonio público es un acto de corrupción y puede ser sancionado, aunque no esté descrito en otro tipo penal”, explicó Reynoso durante una conferencia en la Dirección General de Aduanas (DGA).
La procuradora impartió la conferencia para socializar los avances de la nueva normativa en materia de corrupción administrativa y otros delitos, tras instrucciones del presidente Luis Abinader durante el reciente Consejo de Gobierno.
Código Penal moderno y alineado internacionalmente
Reynoso calificó la nueva legislación como un “gran código”, moderno y alineado con convenciones internacionales y con los países más avanzados en la materia.
“Toda norma es mejorable, pero le puedo decir al Congreso y a la sociedad que es un gran código penal moderno”, añadió.
La procuradora destacó que la corrupción no es solo un problema administrativo, sino un fenómeno que afecta el desarrollo del país.
“Cuando se comete un acto de corrupción, los fondos destinados a salud, educación o seguridad no llegan. La víctima es toda la sociedad”, subrayó.
Ejemplo práctico de corrupción
Para ilustrar su planteamiento, Reynoso mencionó un caso de soborno en aduanas que permitió la entrada de un contenedor con armas de fuego.
“Quizás quien recibió el dinero lo vea solo como un soborno, pero esas armas terminan en manos de la criminalidad. Las víctimas pueden ser incluso la familia del involucrado o cualquier ciudadano”, advirtió.
Novedades del Código Penal
El Código Penal, promulgado a principios de agosto por el presidente Abinader, moderniza una norma de 141 años.
Entre sus principales avances se destacan:
- Endurecimiento de sanciones e inhabilitación para cargos públicos.
- Pena de hasta 20 años de prisión para delitos de corrupción.
- Ampliación de plazos de prescripción hasta 30 años, incluyendo cibercrimen y comercio digital.
- Procesamiento penal de empresas por fraude fiscal, contrabando o falsificación de documentos aduaneros.
Reynoso reiteró que estas medidas buscan fortalecer la transparencia y garantizar que los actos de corrupción sean sancionados de manera efectiva, protegiendo así los recursos y derechos de la sociedad dominicana.
