RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– La Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, despidió a decenas de fiscales implicados en el caso del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y ha solicitado listas de empleados del Buró Federal de Investigación (FBI) que trabajaron en esas investigaciones. La medida, reportada por Associated Press con base en una orden interna de la agencia, genera controversia en el ámbito judicial y político.
Fuentes cercanas al caso afirman que al menos dos docenas de empleados de la Fiscalía de Washington fueron removidos de sus cargos. Según AP, esta acción “refleja la determinación de la Casa Blanca de ejercer el control sobre las fuerzas de seguridad federales y purgar las agencias de empleados de carrera considerados insuficientemente leales”.
Un memorando del fiscal general adjunto en funciones, Emil Bove, identificó a varios altos ejecutivos del FBI a quienes se les ordenó retirarse o ser despedidos. Además, exigió los nombres y datos de todos los empleados del FBI que trabajaron en investigaciones relacionadas con los sucesos del 6 de enero, lo que podría afectar a miles de agentes. Bove indicó que el Departamento de Justicia realizará un “proceso de revisión para determinar si son necesarias acciones adicionales de personal”.
Según el documento, los fiscales despedidos fueron contratados temporalmente para apoyar los casos del 6 de enero, pero tras la victoria electoral de Trump en noviembre, se les asignaron funciones permanentes. Bove advirtió que no permitirá “acciones subversivas de personal de la Administración anterior”.
Consultado en la Casa Blanca sobre los despidos en el FBI, Trump declaró: “No, pero tenemos algunas personas muy malas allí […] Yo no estuve involucrado en eso. Pero si quieren despedir a algunas personas, me parece bien”.
Reacciones y advertencias
La Asociación de Agentes del FBI criticó la decisión y calificó las acciones de “indignantes”. En un comunicado, advirtió que expulsar a cientos de agentes podría “debilitar gravemente la capacidad de la Oficina para proteger al país de las amenazas a la seguridad nacional y el crimen”, lo que pondría en riesgo su funcionamiento y el liderazgo recién establecido.
Esta decisión refuerza el clima de tensión política y pone en la mira la independencia de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley en Estados Unidos.
