RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La migración haitiana hacia la República Dominicana ha sido un fenómeno constante con impactos significativos en sectores clave como la construcción, la agricultura, el comercio y el turismo. Su crecimiento ha generado debates sobre la necesidad de una regulación efectiva que permita equilibrar la demanda de mano de obra con el cumplimiento de las leyes migratorias.
Históricamente, la mano de obra haitiana ha sido esencial para sectores que requieren trabajo intensivo. En las últimas décadas, su presencia en la industria de la construcción ha sido determinante en el desarrollo de proyectos inmobiliarios y de infraestructura. En la agricultura, especialmente en la producción de banano, café y caña de azúcar, los trabajadores haitianos representan un porcentaje significativo de la fuerza laboral.
Además, se han insertado en el comercio informal, con presencia notable en mercados y ventas ambulantes, y en el sector transporte con la modalidad del “concho” en Santo Domingo y otras ciudades.
Ante la creciente presencia de migrantes haitianos, la Asociación Dominicana de Productores de Banano (ADOBANANO) ha alertado sobre la urgencia de regularizar a más de 14 mil trabajadores haitianos en fincas de la línea noroeste. La falta de documentación impide su acceso a derechos laborales básicos y crea incertidumbre en el sector.
En respuesta a estas preocupaciones, el Gobierno ha anunciado operativos de repatriación, con el objetivo de deportar 10 mil indocumentados semanalmente. No obstante, persisten dudas sobre la capacidad logística de la Dirección General de Migración para ejecutar un plan de tal magnitud.
También se ha puesto sobre la mesa la Ley 80-20, que establece un límite del 20 % de trabajadores extranjeros en las empresas. Su aplicación efectiva podría redistribuir oportunidades laborales entre los ciudadanos dominicanos, especialmente en regiones como Punta Cana, donde el flujo migratorio haitiano ha aumentado considerablemente en el sector hotelero.
Países como Chile, Argentina, Costa Rica y México han implementado modelos de regulación de trabajadores migrantes en sectores estratégicos. En Chile, se han establecido contratos temporales supervisados por el Estado, mientras que en Argentina, el Programa Patria Grande ha documentado a miles de migrantes para su inserción formal en la economía.
Expertos sugieren que República Dominicana podría adoptar un sistema similar, en el que se determine la cantidad de trabajadores extranjeros necesarios en cada sector y se implemente un proceso de documentación ágil y eficiente.
Más allá de la regularización laboral, el tema migratorio también involucra la seguridad fronteriza. Especialistas advierten que la vulnerabilidad en la frontera facilita el reingreso de migrantes deportados, lo que hace necesario fortalecer los mecanismos de vigilancia y control.
Fuente. El Demócrata
