RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El reciente aumento de las tarifas de peaje, y en especial la entrada en vigencia de la nueva estación en el kilómetro 32 de la autopista Duarte, levantó una ola de malestar justificado entre los ciudadanos, especialmente en municipios como Villa Altagracia, donde la medida ha sido calificada de “abusiva” por choferes, pasajeros y residentes.
Y no es para menos. Pasar de pagar RD$120 a RD$200 ida y vuelta representa un golpe directo al bolsillo de miles de personas que diariamente hacen ese recorrido, no por lujo, sino por necesidad.
La indignación ha sido tal que incluso, cuando se estuvo hablando de un aumento general a los peajes en enero, se habló de posibles paros, mientras que la Policía Nacional desplegó operativos preventivos ante protestas. Sin embargo, lo más revelador de todo este conflicto no ha sido el descontento social (que es visible y audible), sino el esfuerzo del Gobierno por frenar algo que ya parecía inevitable.
Milton Morrison, director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), logró un acuerdo con los principales gremios del transporte para evitar que los pasajeros paguen el precio de una decisión que no tomaron. Se suspendió, al menos por ahora, el alza del pasaje, y se iniciaron gestiones para aliviar la carga a través de la tarjeta Bonogas y un levantamiento de las rutas de galope corto.
Pero, ¿hasta cuándo se podrá contener el impacto sin soluciones estructurales? Porque por más noble que parezca el esfuerzo, la realidad es que los costos ya aumentaron, y alguien terminará pagándolos. Si no es el pasajero directamente, podría ser el chofer que ve reducidas sus ganancias, o el sistema mismo, que se sostiene con subsidios temporales.
En medio de esta discusión, no se puede ignorar que hay comunidades que sí se beneficiaron del cambio, como Pedro Brand, cuyos habitantes ahora no tienen que pagar peaje para desplazamientos internos. Pero esta ganancia local no compensa la pérdida colectiva que supone instaurar un doble cobro en una vía tan transitada como esta autopista.
Desde RD-Vial se justifica el incremento como parte de una “nivelación histórica” y un intento por garantizar el mantenimiento de las carreteras. Es cierto, las infraestructuras cuestan, y el país necesita autopistas seguras y modernas. Sin embargo, lo justo sería que ese esfuerzo se reparta de forma equitativa. Hoy, el peso de ese mantenimiento está recayendo en quienes menos pueden cargarlo, trabajadores, estudiantes, pequeños comerciantes y choferes de rutas locales.
En un país donde moverse ya es un reto diario, cobrar por cada kilómetro transitado como si se tratara de un lujo, no parece el camino más justo ni más humano. Y sin contar que, ahora puede que se aumente al mencionado peaje, pero más adelante continuarán los otros 15 peajes restantes en toda República Dominicana.
