RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Considerada como la más grande y compleja obra hidráulica del Caribe, la presa de Monte Grande representa no solo un avance crucial para la República Dominicana, sino también una historia llena de desafíos y obstáculos. Desde su concepción en 2007, la obra ha atravesado una serie de parálisis, modificaciones contractuales y reestructuraciones que han retrasado su finalización por más de 15 años. Finalmente, en enero de 2024, el presidente Luis Abinader inauguró la estructura principal de esta impresionante obra, un proyecto que ha costado más de 588 millones de dólares y cuyo impacto se espera que sea decisivo para las comunidades del suroeste del país.
La historia del proyecto comenzó bajo el mandato de Leonel Fernández en 2004, cuando se firmaron los primeros acuerdos para la construcción de la presa. Su finalidad era ambiciosa: controlar las inundaciones del río Yaque del Sur, ofrecer riego para miles de hectáreas de cultivos agrícolas, garantizar agua potable a las comunidades cercanas y generar energía limpia. Para ello, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) firmó el contrato inicial con el Consorcio Montegrande S.A., formado por la constructora brasileña Andrade Gutiérrez y la dominicana Servicios de Ingeniería S.A., con un presupuesto de 354 millones de dólares.
Sin embargo, la ejecución de la obra estuvo plagada de retrasos y problemas financieros. Las dificultades para obtener financiamiento, primero con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil y luego con otras entidades internacionales, postergaron la obra. La falta de liquidez y la crisis política en Brasil complicaron aún más las cosas, dejando a Monte Grande en una especie de limbo durante años.
Con la llegada de Danilo Medina a la presidencia en 2012, el proyecto recibió un nuevo impulso. A pesar de los intentos por reactivar los acuerdos, la inestabilidad en la región y la falta de recursos hicieron que las promesas de culminación se alejaran aún más. El panorama cambió en 2018, cuando el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó un préstamo de 249,6 millones de dólares para concluir la obra. Sin embargo, al finalizar su mandato en 2020, Medina dejó la obra con un 41 % de avance físico, y sin los componentes clave como el sistema de riego, los acueductos y la planta hidroeléctrica.
El presidente Luis Abinader asumió el cargo en 2020 y encontró una obra que requería una intervención urgente. Tras una auditoría detallada de la construcción, el gobierno decidió reactivar el proyecto con modificaciones contractuales importantes. De esta manera, se aprobaron dos adendas clave que aumentaron el presupuesto y extendieron el plazo de ejecución. La “Adenda 4”, aprobada en enero de 2023, otorgó 41 millones de dólares adicionales, mientras que la “Adenda 5”, de noviembre de 2023, añadió otros 146 millones de dólares, elevando el costo total de la obra a 588,9 millones de dólares.
A pesar de estos incrementos en el presupuesto y el tiempo, la inauguración de la estructura principal de la presa se realizó el 25 de enero de 2024. Este hito fue celebrado por el presidente Abinader como una victoria para el país, pero la realidad es que la obra aún está incompleta.
El objetivo principal de la presa es proveer de agua para riego agrícola, beneficiar a las comunidades con acceso a agua potable y prevenir inundaciones en las zonas circundantes. Con una capacidad de almacenamiento de 350 millones de metros cúbicos de agua, la presa tendrá un impacto significativo en más de 650,000 tareas de tierras agrícolas. Además, se estima que más de 400,000 habitantes en las provincias de Azua, Barahona y Bahoruco se beneficiarán del suministro de agua potable. La estructura de la presa también está diseñada para evitar las graves inundaciones que históricamente han afectado las comunidades cercanas al río Yaque del Sur, aunque la falta de los sistemas de drenaje adecuados aún deja en incertidumbre la efectividad de esta medida.
Uno de los componentes más esperados de la obra era la planta hidroeléctrica, que originalmente debía generar 13,3 megavatios de energía limpia. Sin embargo, esta parte del proyecto fue finalmente descartada en la última fase, lo que ha generado críticas tanto de opositores como de algunos sectores de la sociedad civil, que consideran que se perdió una oportunidad clave para la generación de energía renovable en la región.
A pesar de los avances, el proyecto sigue enfrentando numerosos desafíos. La obra fue inicialmente pensada como un motor de desarrollo económico para la región sur del país, pero las obras complementarias, como los canales de riego y el sistema de distribución de agua potable, aún no han sido iniciadas. Mientras que agricultores y pobladores desplazados de sus tierras, muchos de los cuales confiaban en que la obra traería un desarrollo sustancial a la región, siguen esperando la plena ejecución de los proyectos de infraestructura necesarios para que la presa cumpla con sus objetivos.
Además, las continuas adendas contractuales, que incrementaron el costo total de la obra de 354 millones a 588 millones de dólares, han levantado cuestionamientos sobre la transparencia en la ejecución del proyecto. La aprobación de la cuarta adenda, que no pasó por el Congreso Nacional, ha sido uno de los puntos más controvertidos, alimentando las críticas sobre la gestión y el manejo de los fondos públicos.
Para los habitantes de las zonas afectadas, las expectativas de mejorar su calidad de vida siguen siendo altas. Sin embargo, el retraso en la implementación de los sistemas de riego y el suministro de agua sigue siendo una realidad. Pobladores de comunidades como Jaquimeyes y Tamayo continúan luchando por obtener el agua prometida para sus cultivos, mientras que otros enfrentan la difícil situación de no haber recibido compensaciones por las tierras que fueron desplazadas para la construcción de la presa.
A pesar de todo, la inauguración de la presa de Monte Grande en enero de 2024 representa un paso importante para la infraestructura hidráulica, pero es también un recordatorio de la necesidad de cumplir con todos los componentes del proyecto para garantizar que los beneficios lleguen de manera efectiva a las comunidades que más lo necesitan. La obra debe ser vista como un proyecto en constante evolución, cuyo impacto solo será pleno cuando se completen las obras complementarias y se resuelvan los problemas que aún aquejan a las personas directamente afectadas por la construcción.
El futuro de la presa de Monte Grande sigue siendo incierto. Si bien se han dado avances notables en su estructura principal, el verdadero reto será completar la obra con la misma celeridad y eficacia con la que se dio inicio a su construcción. Si los problemas de planificación y ejecución no se resuelven, la presa podría quedarse como un monumento a la promesa incumplida, sin llegar a materializar todo el potencial que se había proyectado en su diseño inicial. Sin embargo, si se logran cumplir los compromisos y se termina el proyecto en su totalidad, la presa de Monte Grande podría convertirse en un motor de desarrollo económico y social para el suroeste del país, mejorando las condiciones de vida de miles de dominicanos.
