RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El presidente, Luis Abinader, presentó medidas para frenar la entrada y permanencia de inmigrantes indocumentados en el país, intensificando la política migratoria para “proteger la República Dominicana” y asegurar el respeto a sus leyes.
Entre las nuevas disposiciones se encuentra la propuesta de sanciones más severas para funcionarios y particulares que faciliten la llegada o permanencia de personas en situación irregular.
Una de las medidas contempla la imposición de fuertes sanciones a propietarios de viviendas y locales comerciales que alquilen sus inmuebles a individuos sin estatus migratorio regular.
En este contexto, Alberto Bogaert, presidente de la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI), manifestó el respaldo de su entidad al control migratorio, precisando que en el sector inmobiliario formal “el alquiler de una propiedad conlleva una depuración previa. A todos los extranjeros y dominicanos se les exige identificación, como cédula o pasaporte, prueba de ingresos y un fiador”.
Bogaert también sugirió que la regulación del alquiler a extranjeros sea objeto de análisis dentro del marco de la reforma a la Ley de Alquileres, actualmente en trámite en el Congreso Nacional, para distinguir adecuadamente entre prácticas formales e informales.
En el sector de los alquileres informales, propietarios como Sofía Linares, de un edificio con 12 viviendas en el Distrito Nacional, explicaron que, en ausencia de una verificación financiera o legal formal, suelen solicitar de tres a cuatro depósitos y se ven obligados a aplicar garantías adicionales.
Linares comentó que “muchos prefieren alquilar a extranjeros por su compromiso y puntualidad, pero su cultura y costumbres para cuidar la propiedad son distintas”.
Según el corredor de bienes raíces consultado, los inquilinos extranjeros que cumplen con los requisitos habitualmente son empleados formales o personas con solvencia económica, y en su mayoría provienen de Haití y Venezuela.
Abinader explicó que el Gobierno presentará en breve un anteproyecto de reforma del marco legal migratorio con carácter de urgencia, el cual incluirá sanciones también para cualquier entidad que se reincida en facilitar el ingreso de inmigrantes indocumentados.
