RDE DIGITAL, SANTO DOMINGO. – La Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional levantó este jueves la prisión domiciliaria a los exfuncionarios Carmen Magaly Medina y a Fernando Rosa, ambos imputado en la supuesta red de corrupción administrativa denominada Antipulpo.
Los abogados de estos imputados interpusieron un recurso en el que apelaron la decisión de la jueza del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar, que les confirmó arresto domiciliario a ambos acusados.
En ese sentido, los jueces Luis Omar Jiménez, Teófilo Andújar y Delio Germán acogieron como bueno y balido los argumentos planteados por la defensa de ambos encartados y decidieron eliminar el arresto domiciliario.
El tribunal entendió que no existe peligro de fuga entre los acusados, que ambos tienes arraigos suficientes para permanecer en el país durante el juicio en su contra.
A su salida de la audiencia, ambos encartados a quienes se le continúa el proceso, pero tiene libre circulación de tránsito, se negaron a conversar con la prensa.
Según el Ministerio Público (MP), Magaly Medina, quien fungió en el Gobierno de su hermano Danilo Medina como vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), ordenaba a la encargada de compras de la institución a favorecer únicamente a las empresas de su otro hermano, Alexis Medina, principal encartado en el caso, en los procesos de licitación.
Mientras que a Fernando Rosa se le imputa que durante su gestión como presidente del Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas (Fonper) se pagaron RD$259,515,725 en nómina fraudulenta, incluyendo salarios a personas que no prestaban servicio alguno.
Asimismo, establece que Alexis Medina, también hermano de Magaly y el exgobernante Danilo Medina, creó un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.
Señala que se hizo adjudicar a su nombre y utilizando a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminen organizado.
El órgano del sistema judicial acusa a más de 40 personas físicas y jurídicas y los imputas de estafar al Estado con casi 5 mil millones de pesos.
