RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.– En la recta final de la actual legislatura ordinaria, el Congreso Nacional ha intensificado sus trabajos legislativos con el objetivo de aprobar varios proyectos rezagados, incluyendo la modificación a la Ley 42-01 General de Salud.
Para lograrlo, senadores y diputados conformarán una comisión bicameral que analizará la propuesta de forma unificada antes de que concluya el período legislativo en julio.
La información fue confirmada este martes por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien indicó que ya extendió una invitación formal a la Cámara de Diputados para integrar la comisión conjunta.
La reforma a la Ley General de Salud cuenta con el respaldo de siete senadores y busca fortalecer la regulación de los prestadores de servicios médicos, especialmente en casos de emergencia y situaciones humanitarias.
Sanciones por retención de pacientes o cadáveres
Uno de los cambios más relevantes es la modificación del artículo 28, que prohibiría a clínicas y hospitales impedir la salida de pacientes o la entrega de cadáveres por falta de pago. La iniciativa también contempla sanciones penales para quienes incurran en estas prácticas.
Según el proyecto, los centros de salud que incumplan esta norma podrían enfrentar penas de entre dos y cinco años de prisión, así como multas de 10 a 50 salarios mínimos. Además, se prohíbe el cobro de anticipos por servicios médicos de emergencia, como lo establece una modificación al artículo 109.
En situaciones donde los pacientes no puedan asumir los costos de procedimientos médicos complejos o atenciones de emergencia, el proyecto prevé que el Estado asuma el pago mediante compensaciones fiscales a las clínicas, que se aplicarían al cierre del año fiscal como descuentos en sus obligaciones tributarias.
El proyecto también aborda el régimen de jubilaciones en el sistema público de salud.
Se propone una reforma al artículo 97, con beneficios escalonados según los años de servicio: 10 sueldos por 20 años de labor, 15 por 25 años, y hasta 20 sueldos para quienes completen 30 años.
Asimismo, se establece la revisión de las pensiones cada tres años, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Otro punto significativo es que los empleados públicos del sector salud que lleguen a los 50 años quedarían excluidos de servicios de emergencia en turnos rotativos o jornadas de 24 horas, como medida de protección laboral.
Resta ahora que la Cámara de Diputados designe a sus representantes en la comisión bicameral para continuar el estudio del proyecto.
Una vez concluido el informe conjunto, se requerirán dos aprobaciones consecutivas en ambas cámaras para que la ley entre en vigor.
