RDE DIGITAL, SANTO DOMINGO. – Los afectados en el caso conocido como Operación Búho están programados para comparecer nuevamente en una audiencia de recurso de apelación de los imputados que actualmente se encuentran en prisión preventiva.
La audiencia está fijada para el miércoles 13 de diciembre a las 09:00 a. m. y se llevará a cabo en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santo Domingo Oeste.
Los representantes explicaron que la audiencia cuenta con un auto de fijación y admisibilidad por parte de las autoridades judiciales. Sin embargo, ninguna de estas documentaciones fue notificada a las partes constituidas en el caso, lo que ha generado inquietud entre los querellantes y sus abogados.
La notificación de la fecha de la medida de coerción el pasado mes de octubre se hizo pública a través de los medios de comunicación, un hecho que ha generado desconcierto en un caso que involucra a unas cuarenta personas legalmente constituidas y que esperan que este proceso se desarrolle hasta sus últimas consecuencias.
El caso conocido como Operación Búho fue declarado complejo por el juez Máximo Roa Saint Hilaire debido a su naturaleza, enfrentando cargos que incluyen asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados, robo de identidad personal y fraude por un monto estimado de RD$2,500 millones de pesos. Este caso es considerado sin precedentes en la historia del cooperativismo en el país.
Los afectados en este caso expresan su satisfacción por la actuación del Ministerio Público, que busca dignificar a las víctimas y ayudarles a recuperar sus inversiones en la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera). Asimismo, esperan que se presente la acusación contra los imputados en los plazos establecidos y que estos rindan cuentas por sus acciones.
Para recordar, de los siete implicados en el expediente, cuatro están en prisión preventiva por un período de 18 meses, mientras que los otros tres tienen diferentes medidas de coerción que incluyen garantías económicas y restricciones de salida.
Todos ellos están acusados de llevar a cabo prácticas fraudulentas, como la simulación de préstamos, la creación de crédito falso y la emisión de certificados financieros falsificados, con el objetivo de desviar el dinero de los asociados y ahorrantes de la cooperativa. Este proceso legal continúa su curso, y se espera que la justicia se cumpla en beneficio de las víctimas de este caso que ha conmocionado al país.
