RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO. – Después que se diera a conocer que el país ha dado pasos significativos para alcanzar el grado de inversión en el menor plazo posible, una meta que no es nueva, ni mucho menos de esta gestión gubernamental.
Y es que el grado de inversión es una categoría de la calificación crediticia que se otorga mediante las agencias de rating a activos financieros, créditos o deudas, en este caso de un gobierno, basándose en su calidad crediticia.
Es por esta razón, que de dicha calidad depende la probabilidad de riesgo de quiebra, insolvencia de pago o incumplimiento de obligaciones.
En la actualidad, la República Dominicana se encuentra por debajo de la calificación de grado de inversión, que es BBB o mayor. Sin embargo, una vez que la aumente, el país podría tener un mejor acceso al financiamiento en los mercados de capitales, lo que le permitiría obtener costos de endeudamiento más bajos, plazos más largos y una mayor diversificación de la base de inversión.
Según el ministro de Hacienda, José Manuel -Jochi- Vicente, tras evaluar las brechas para alcanzar el grado de inversión, se identificaron dos áreas de atención en las que se está trabajando: el aspecto institucional y el estado de las finanzas públicas.
Un grupo de economistas fueron cuestionados al respecto, sobre lo que creen que necesita hacer el país para lograr dicho objetivo, surgieron tópicos comunes.
El exgerente general del Banco Central y asesor económico del Poder Ejecutivo, Pedro Silverio, reconoce que alcanzar el grado de inversión es un proceso que puede tomar años. “Sin embargo, en la presente gestión de gobierno, se han hecho importantes avances para alcanzar esa meta”, dice. “De hecho, tanto Standard & Poor´s (S & P), como Fitch han mejorado su evaluación del riesgo crediticio del país, algo que no había ocurrido desde hace ocho años”.
Silverio indica que lo anterior acerca al país al grado de inversión, pero “todavía queda un largo trecho que debe ser recorrido enfatizando aspectos de la gestión pública con los que el gobierno está comprometido”.
Entre esos aspectos, cita primero el fortalecimiento institucional. “El respeto a las instituciones genera confianza y atrae la inversión extranjera, así como un mejor clima de negocio para la inversión doméstica”, dice.
Agrega que un indicador directo del fortalecimiento institucional es cómo el gobierno ha logrado una “mejoría significativa” en materia de gobernanza, lo que se ha reflejado en “avances importantes” en materia de lucha contra la corrupción y la impunidad, “lo que ha merecido el reconocimiento internacional”.
Otro aspecto que menciona es la necesidad de continuar mejorando los indicadores de deuda, creando un mayor espacio fiscal. En este sentido, recuerda que ya el gobierno sometió al Congreso Nacional un proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal.
El tercer y último aspecto que cita Silverio es el compromiso de una nueva ley de recapitalización del Banco Central de la República Dominicana, ya que la ley original contemplaba un proceso de recapitalización que se premió hace unos seis años.
La economista Magdalena Lizardo entiende que, para que el país logre el grado de inversión, se requiere realizar las reformas necesarias para enfrentar los problemas estructurales que afectan las finanzas públicas: baja presión tributaria y los déficit del sector eléctrico y el cuasi fiscal.
“También, se requiere crear un colchón o reservas que permita hacer frente a los gastos contingentes que generan los desastres naturales”, agrega.
Magdalena, destacada profesora del Área de Economía en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, ha hecho un análisis profundo de la economía dominicana. Según su punto de vista, el sector público no financiero ha mostrado un déficit estructural que ha aumentado al 3 % del Producto Interno Bruto (PIB) en promedio entre 2008-2022, excluyendo el déficit del -7.6 % del PIB en 2020 durante la pandemia.
El financiamiento de este déficit ha llevado a un nivel de endeudamiento que, aunque no es excesivamente alto en términos del PIB, ha resultado en un aumento constante del pago de intereses. Este pasó de ser el 0.7 % del PIB en 2000 al 1.8 % del PIB en 2010 y al 2.8 % en 2022, agregó.
Magdalena precisa que una parte significativa del déficit se debe al subsidio al sector eléctrico y a las presiones de gastos para satisfacer la demanda de servicios sociales, así como a una baja presión fiscal.
A pesar de estos desafíos, las agencias calificadoras han reconocido que la economía dominicana ha mostrado una alta capacidad de crecimiento y adaptación a circunstancias cambiantes. El país ha avanzado en transparencia fiscal y en la gestión de pasivos. Sin embargo, para alcanzar el grado de inversión, Magdalena enfatiza que es necesario abordar la incertidumbre generada por los problemas estructurales persistentes en las finanzas públicas.
Nassim Alemany, economista y consultor, coincide en que el camino hacia el grado de inversión es claro y conocido por todos. Sin embargo, advierte que la implementación de las reformas necesarias para alcanzarlo es difícil debido al costo económico, político y social que implican.
Por su parte, el economista Miguel Collado sostiene que el país necesita un compromiso más firme en el tema fiscal para reducir la deuda pública y el peso que tiene el gasto en intereses como porcentaje de los ingresos tributarios. En cuanto a los ingresos, considera que la nación debe demostrar a las calificadoras un compromiso de una reforma sostenible que simplifique el sistema tributario.
En resumen, los expertos coinciden en que la República Dominicana debe enfocarse en mantener una trayectoria fiscal sostenible, fortalecer el marco institucional, mejorar la calidad de los servicios públicos y comprometerse con la mejora constante de los indicadores sociales y la resiliencia para alcanzar el grado de inversión.
El tema eléctrico es fundamental
El economista Miguel Collado entiende que el país necesita “un compromiso más firme en el tema fiscal para reducir la deuda pública y el peso que tiene el gasto en intereses como porcentaje de los ingresos tributarios”.
En cuanto a los ingresos, considera que la nación debe exhibir a las calificadoras un “compromiso de una reforma sostenible, que simplifique el sistema tributario”.
Entiende que, como consecuencia de sus bondades, “que se manisfestarían sobre el crecimiento de la economía, la reducción de la informalidad y la mejor administración por parte de la administración tributaria, sería sostenible la presión tributaria”.
Collado, quien es el vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, considera también que el tema eléctrico “es fundamental”.
Indica que las calificadoras están atentas a los “1,500- 1,600 millones de dólares que el país malgasta cada año para cubrir unas pérdidas que podrían ser evitables si existiera la intención de sacar la distribución eléctrica del ámbito político”.
