RDÉ DIGITAL SANTO DOMINGO.- El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (INCABIDE) ha impulsado una agenda estratégica enfocada en diversos aspectos cruciales para la administración efectiva de bienes incautados.
Durante la reunión, se abordaron temas esenciales como las necesidades institucionales, el reglamento de aplicación de la Ley 60-23, la documentación de gestión que incluye manuales de procedimientos y el plan estratégico. Asimismo, se evaluó la situación actual de los bienes bajo custodia y se discutió la transferencia de aquellos en posesión del Ministerio Público y otras dependencias estatales.
Uno de los logros significativos fue la aprobación de la nueva estructura organizativa del INCABIDE, alineada con la Ley 60-23 y las necesidades físicas identificadas en el Plan de Asistencia Técnica en colaboración con la Embajada de los Estados Unidos de América. También se actualizaron los manuales de gestión, incluyendo Organización y Funciones, Procedimientos Sustantivos, Comunicación Organizacional, Cargos y Gestión de Crisis Comunicacional.
La sesión contó con la presencia de los cinco miembros del consejo, encabezados por el Ministro de Hacienda, José Manuel (Jochi) Vicente, y la Procuradora General Adjunta Yeni Berenice, representando a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito. Además, estuvieron presentes el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Ernesto Isa Contreras, los miembros designados por el presidente Abinader, el Obispo Jesús Castro Marte y el abogado Julio Miguel Ángel Castaños Guzmán, junto con el Director Ejecutivo del INCABIDE, Manuel Oviedo Estrada.
La Ley 60-23 establece el Consejo Directivo como un órgano normativo y de control, cuya misión principal es garantizar una gestión transparente y eficiente en la administración de bienes. Entre sus facultades se incluye la autorización para la venta anticipada de ciertos bienes y la supervisión de los recursos provenientes de sentencias de decomiso o extinción de dominio, entre otras responsabilidades clave para el beneficio del Gobierno y la nación.
