RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader promulgó la ley 38-24, que establece la cláusula de conciencia como una herramienta crucial para proteger los derechos laborales de los periodistas en la República Dominicana. La nueva legislación busca crear un marco jurídico que garantice la independencia profesional y la integridad deontológica de los periodistas.
El objetivo de la ley es asegurar que la cláusula de conciencia se reconozca como un derecho fundamental de los periodistas, garantizando su libertad para ejercer la información de manera objetiva. Según el artículo tres del texto legislativo, esta cláusula es esencial para preservar la imparcialidad en el ejercicio de la libertad de información y el rol del periodista en el sistema democrático.
Promulgada el 9 de agosto por Abinader, la ley define la cláusula de conciencia como una condición implícita en el contrato de trabajo periodístico. Esta cláusula establece que, si un periodista decide terminar su relación laboral unilateralmente, los efectos económicos serán equivalentes a los de un despido por parte del empleador. Esto tiene como fin proteger la independencia del periodista como un bien jurídico.
El artículo ocho de la ley permite que los periodistas invoquen esta cláusula en caso de cambios significativos en el carácter, orientación o línea ideológica de la publicación o programa para el que trabajan, siempre y cuando estos cambios afecten su honor, reputación o intereses morales.
Además, la cláusula otorga al periodista el derecho a considerarse liberado de sus obligaciones con la empresa y a recibir una indemnización si se realizan cambios en la titularidad del medio que afecten su integridad intelectual o moral.
En caso de traslado a otro medio del mismo grupo, si este cambio rompe con la orientación profesional del periodista, también se puede apelar a este derecho.
El derecho a la cláusula de conciencia puede ser invocado siguiendo el procedimiento establecido en el Código de Trabajo para instituciones privadas y en la ley de función pública para los entes u órganos de la administración pública.
