RDE DIGITAL, SANTO DOMINGO. – El abogado de la empresa Transcore Latam, Carlos Balcácer advirtió este miercoles que a partir de la mañana del jueves se apagará las luces de todos los semáforos del Gran Santo Domingo, puntualizando a los ciudadanos que “salgan temprano de sus hogares”, porque éstos dejarán de funcionar.
“Ojalá que mañana Carlos Pimentel pueda dirigir él el tránsito”, expresó el también defensor del propietario Pedro Vinicio Padovani Báez, y mostrando el control con el que supuestamente sacará de circulación los semáforos.
Balcácer se refirió en esto términos luego de que la jueza Diana Moreno Rodríguez, de la octava sala penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito, rechazara una solicitud de habeas corpus interpuesta por su defendido, para evitar que Padovani Báez sea apresado por el caso.
La empresa Transcore Latam, SRL., presentó un recurso de habeas corpus preventivo contra la Dirección Nacional de Investigación (DNI) y la Dirección General de Contrataciones Públicas. Esto se debe a la reciente suspensión del contrato de 1,317 millones de pesos para la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), institución que dirige Carlos Pimentel, informó este lunes la suspensión del contrato suscrito entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la razón social Transcore LATAM, S.R.L para la mejora del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo, tras encontrar indicios de irregularidades en el proceso de licitación llevado a cabo para tales fines.
La decisión está contenida en la resolución RIC-156-2023, emitida en fecha 27 de octubre, la cual se encuentra disponible para su consulta en la sección Marco Legal de la página institucional de la DGCP.
Sobre la suspención
Mediante una nota de prensa, la institución detalló que, tras analizar los documentos que integran el expediente administrativo del procedimiento Núm. INTRANT-CCC-LPN-2023-0001 que consta en el Portal Transaccional, y verificar los documentos recopilados con ocasión de los reclamos y denuncias presentados ante el órgano rector, se constató la existencia de los tres elementos que permiten la adopción de una medida cautelar de oficio.
