RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) presentó una denuncia ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) alertando sobre posibles riesgos para la República Dominicana por la concentración de datos de cédulas, pasaportes y licencias de conducir en manos del mismo grupo empresarial consorciado.
Según ADOCCO, esto permitiría que dichas entidades privadas puedan crear ciudadanos de manera irregular, otorgándoles derechos en el país.
Denuncia formal
El presidente de ADOCCO, Julio César De la Rosa Tiburcio, entregó la denuncia a la directora de la PEPCA, Licda. Mirna Ortiz, solicitando investigar la licitación realizada por el INTRANT, en la que solo pudo participar el CONSORCIO MOBILITY ID, integrado por empresas encargadas de emitir pasaportes y la cédula de identidad y electoral, y ahora también las licencias de conducir.
Según la denuncia, el consorcio falsificó documentos relativos a la impresora láser CLM600, presentándose como fabricante, requisito exigido en el Pliego de Condiciones del INTRANT. Una revisión de los documentos indicó que no eran los fabricantes, configurando una presunta falsificación frente al Comité de Compras y Contrataciones del instituto.
Imputaciones y observaciones
ADOCCO impugnó la adjudicación del contrato ante el INTRANT, pero el director del organismo, ingeniero Milton Morrison, continuó con el proceso, adelantando la apertura del sobre B, lo que según la denuncia favorece a MOBILITY ID y sus integrantes:
- MIDAS DOMINICANAS S.R.L.
- G.E.T. SECURE ID CORP
- CONSORCIO STC, S.A.
- THOMAS GREG & SONS
- GRÁFICA E SERVICIOS, INDUSTRIA E COMERCIO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
De la Rosa Tiburcio indicó que las exigencias de participación, como una línea de crédito de 25 millones de dólares, limitaron la competencia y vulneraron principios de libre empresa y participación establecidos en la Constitución y la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones.
Delitos señalados
La denuncia imputa a Milton Morrison y al consorcio presuntas violaciones de varios artículos del Código Penal dominicano (falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores), además de incumplimientos de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la Ley 448-06 sobre Soborno en Comercio e Inversión.
ADOCCO advirtió que, pese a las impugnaciones, el INTRANT y la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP) han procedido con la adjudicación del contrato de 8,400 millones de pesos a MOBILITY ID. La organización espera una investigación pronta y exhaustiva por parte de la PEPCA para garantizar transparencia y responsabilidad en la gestión pública.
