RDÉ DIGITAL, AMÉRICA (EFE).- América Latina enfrenta desafíos en la sostenibilidad y cobertura de sus sistemas de seguridad social. La alta informalidad laboral, la desigualdad económica y los crecientes déficits fiscales configuran un panorama complejo que exige reformas profundas y sostenibles en toda la región.
El régimen subsidiado de salud en la República Dominicana garantiza una cobertura extensa, pero enfrenta altos niveles de demanda y retrasos en los servicios. Además, la informalidad laboral dificulta la expansión del sistema contributivo, reflejando un problema común en la región.
En varios países, las condiciones económicas y sociales marcan diferencias significativas:
- Perú: Con un 71,2 % de informalidad laboral, solo el 34,9 % de los adultos mayores están afiliados a un sistema de pensiones. Aunque la cobertura de salud alcanza el 89,1 %, principalmente a través del Seguro Integral de Salud (SIS), la sostenibilidad del sistema enfrenta presiones crecientes.
- Venezuela: Los pensionistas reciben ingresos mínimos de 2,5 dólares mensuales, complementados con bonos gubernamentales. Aunque la Constitución garantiza la salud pública gratuita, la precariedad hospitalaria y el 70 % de informalidad laboral agravan la situación.
- Colombia: Con una reforma que entrará en vigor en 2025, se busca aumentar la cobertura de pensiones del 24 % al 87 % para 2052 mediante un sistema mixto de cuatro pilares. No obstante, la alta informalidad (50 %) y las brechas de género representan desafíos persistentes.
- Argentina: Aunque el sistema cuenta con contribuciones tanto de empleados como de empleadores, solo el 27,3 % de la población está cubierta. La alta informalidad (36,4 % entre los asalariados) y el envejecimiento poblacional amenazan su sostenibilidad.
- Brasil: La reforma de 2019 introdujo una edad mínima de jubilación, pero el déficit del sistema sigue creciendo. En 2023, los gastos en pensiones superaron los ingresos en más de 52.000 millones de dólares, y se prevé que la relación entre contribuyentes y beneficiarios se deteriore aún más para 2054.
- Chile: Su sistema de capitalización individual, gestionado por Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), enfrenta críticas por las bajas pensiones, especialmente para mujeres. La introducción de la Pensión Garantizada Universal en 2022 y una reforma pendiente buscan mejorar el sistema.
- Uruguay: La reforma de 2023 elevó la edad de jubilación a 65 años para garantizar la sostenibilidad, pero generó resistencia social.
- Panamá: La Caja del Seguro Social enfrenta una crisis financiera, y propuestas como el aumento de la edad de jubilación han sido rechazadas ampliamente.
En países como Honduras (77 %), Bolivia (80 %) y El Salvador (70 %), la informalidad laboral limita gravemente la cobertura y sostenibilidad de la seguridad social. En Honduras, por ejemplo, solo el 39 % de los asalariados están asegurados, y en Bolivia, menos de 220.000 personas reciben una pensión de vejez.
El envejecimiento poblacional, los déficits financieros y la desigualdad en el acceso a servicios continúan siendo desafíos estructurales para América Latina. Países como Costa Rica, que en 2024 eliminó la jubilación anticipada para hombres, y Paraguay, que ajustó los cálculos de jubilaciones, muestran que las reformas son posibles, pero aún insuficientes para abordar los problemas de fondo.
Aunque algunos sistemas como el de Cuba garantizan la cobertura sanitaria universal, la calidad de los servicios se ha deteriorado debido a las dificultades económicas. En Nicaragua, las polémicas reformas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) en 2018 y 2019 impactaron negativamente en la economía formal, dejando más del 70 % del empleo sin acceso a seguridad social.
