RDÉ DIGITAL, HAITÍ.- Amnistía Internacional pidió a los gobiernos de Haití y El Salvador garantizar el respeto a los derechos humanos durante las operaciones militares contra las bandas armadas en territorio haitiano.
El llamado surge tras el despliegue de más de 2,000 militares salvadoreños en Puerto Príncipe. La organización expresó preocupación por las condiciones en que se desarrollan estas operaciones de seguridad.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, señaló que el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, deben garantizar que las tropas respeten las normas internacionales.
«El compromiso del primer ministro haitiano de no tolerar violaciones debe traducirse en garantías efectivas», expresó Piquer mediante un comunicado.
Amnistía exige transparencia sobre el despliegue militar
La organización solicitó a ambos gobiernos publicar el acuerdo que autoriza la presencia de las tropas salvadoreñas en Haití.
Además, pidió explicar los mecanismos de supervisión y las reglas que regulan el uso de la fuerza. También reclamó establecer procedimientos para denunciar posibles abusos sin temor a represalias.
El contingente salvadoreño llegó a Haití en octubre. Su despliegue estuvo relacionado inicialmente con la búsqueda de cuatro militares de ese país desaparecidos desde el 18 de octubre.
Los uniformados formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF). Esta misión fue autorizada en septiembre de 2025 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Sin embargo, Amnistía Internacional cuestionó la falta de claridad sobre las funciones del contingente adicional. También señaló dudas sobre su coordinación con la Policía Nacional Haitiana (PNH) y la GSF.
Por su parte, el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, explicó que la mayoría de los soldados salvadoreños desplegados no pertenece a la GSF. Por tanto, quedan fuera de su mandato y de los mecanismos de información de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití.
Preocupa el impacto de las operaciones en la población haitiana
Mientras tanto, el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé afirmó que su Gobierno busca terminar con el dominio de las bandas armadas. Asimismo, aseguró que pretende restablecer la autoridad del Estado con apoyo de El Salvador y las fuerzas internacionales.
No obstante, Piquer advirtió sobre los riesgos que estas operaciones pueden representar para la población civil.
Según explicó, las acciones militares podrían agravar la situación de comunidades que ya enfrentan una profunda crisis humanitaria. Especialmente cuando se desarrollan cerca de viviendas, escuelas y hospitales.
«La población haitiana tiene derecho a vivir sin violencia y sin miedo», manifestó la representante de Amnistía Internacional.
En ese sentido, la organización insistió en que el uso de la fuerza debe respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Además, reclamó medidas especiales para proteger a niños y adolescentes. Esta protección también debe incluir a menores reclutados por las bandas armadas.
Piden investigar posibles abusos y esclarecer desapariciones
Amnistía Internacional también exigió investigaciones rápidas, independientes e imparciales ante cualquier denuncia de violaciones de derechos humanos.
Asimismo, pidió garantizar que las víctimas puedan presentar sus reclamaciones sin exponerse a represalias. También reclamó que los responsables rindan cuentas ante la justicia.
Finalmente, la organización solicitó esclarecer el paradero de los cuatro militares salvadoreños desaparecidos desde el 18 de octubre.
En caso de que permanezcan retenidos por alguna banda armada, exigió su liberación inmediata y sin daños.
La entidad reiteró que la lucha contra la violencia de las pandillas debe desarrollarse con garantías de protección para la población. Además, advirtió que las operaciones de seguridad no deben repetir los abusos y la impunidad registrados durante anteriores intervenciones en Haití.
