RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO (EFE).- La organización de derechos humanos, Amnistía Internacional, instó hoy al Gobierno dominicano a detener las violaciones de derechos humanos de personas haitianas, dominicanos de origen haitiano y de ascendencia africana en la implementación de sus políticas migratorias, las cuales han sido etiquetadas como discriminatorias.
En una misiva dirigida al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y a instituciones estatales, Amnistía Internacional, junto con otras seis organizaciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), afirmó que estas políticas migratorias se fundamentan en la discriminación racial y resultan en efectos discriminatorios que perpetúan la exclusión racializada de personas haitianas y dominicanas.
“El gobierno dominicano en sí mismo ha declarado que expulsó a más de 250,000 personas haitianas en 2023, incluyendo a individuos en necesidad de protección internacional”, declaró en un comunicado, en referencia a esta “comunicación abierta”, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer.
Estas deportaciones masivas “constituyen una clara violación de las obligaciones internacionales de la República Dominicana, poniendo en peligro la vida y los derechos de estas personas. Los retornos forzados a Haití deben detenerse”, enfatizó.
“La drástica medida del gobierno de suspender todas las vías legales para que las personas haitianas trabajen, estudien o residan en el país ha tenido repercusiones significativas, afectando a familias ahora separadas y dejando a muchas personas en un limbo migratorio”, añadió Piquer.
En la comunicación se hace hincapié en que la exclusión de personas de ascendencia haitiana y dominicana es el resultado de un conjunto de políticas migratorias discriminatorias, especialmente detenciones y deportaciones masivas de personas haitianas, incluyendo menores y mujeres embarazadas y en período de postparto.
Las organizaciones firmantes instan a las autoridades a asegurar que las personas haitianas tengan acceso a procedimientos de asilo sin discriminación y a reanudar los canales legales de ingreso y residencia para trabajadores, estudiantes, familiares, solicitantes de asilo y migrantes que buscan una estancia legal en el país.
Amnistía Internacional también demandó a las autoridades investigar las denuncias de violencia racista y otras violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por agentes migratorios, policías y fuerzas armadas.
Asimismo, se solicitó que se abstengan de detener y deportar mujeres embarazadas, menores y personas dominicanas de ascendencia haitiana, y que se garantice el derecho a la defensa de los derechos humanos.
“Contamos con información sobre actos graves que habrían sido perpetrados por funcionarios estatales dominicanos contra la dignidad e integridad física de personas haitianas, dominicanas negras y de ascendencia haitiana afectadas por prácticas racistas”, dice el documento.
Según la organización, en lugar de proteger a estas personas “del acoso, estigmatización y amenazas, las autoridades dominicanas han promovido discursos y políticas que las discriminan”.
Para Piquer, “en este momento crucial, es vital que la República Dominicana se comprometa a construir una sociedad antirracista, donde se respeten y protejan plenamente los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su nacionalidad, el origen de sus ancestros o su situación migratoria”.
