RDE DIGITAL, SANO DOMINGO .- La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) revelaron que acudir a la justicia en República Dominicana cuesta un promedio de RD$121,092 por proceso judicial. Además, el estudio advierte que estos gastos afectan los ahorros, los ingresos y la estabilidad económica de los ciudadanos.
La investigación, titulada Análisis económico de la justicia: impacto sobre la inversión y el desarrollo en la República Dominicana, encuestó a 230 personas que finalizaron procesos judiciales en el país. Según los resultados, los costos incluyen honorarios de abogados, transporte, documentos, certificaciones y otros trámites.
Por lo tanto, el gasto acumulado representa una carga económica para quienes necesitan resolver conflictos mediante los tribunales.
Transporte y documentos entre los principales gastos.
El estudio de ANJE y la ENJ identificó varios desembolsos frecuentes entre los usuarios del sistema judicial. El 82.17 % de los encuestados reportó gastos de transporte, mientras que el 81.74 % pagó por copias, impresiones o certificaciones.
Asimismo, el 73,48 % incurrió en gastos de notarización o legalización de documentos. Por otro lado, el 73,04 % realizó pagos por tasas judiciales y el 62,61 % reportó honorarios de abogados.
Los gastos también abarcan las necesidades cotidianas. En ese sentido, el 66,52 % de los participantes destinó recursos a la alimentación durante el proceso. Además, el 31,3 % tuvo que pagar por el cuidado de niños, adultos mayores u otras personas dependientes.
Estas cifras muestran que acudir a la justicia en República Dominicana implica costos que van más allá de los servicios legales. En consecuencia, los ciudadanos deben disponer de recursos para cubrir diferentes necesidades durante el litigio.
Procesos judiciales que afectan ahorros e ingresos
La investigación también identificó consecuencias financieras relacionadas con los procesos judiciales. El 43,48 % de los encuestados utilizó ahorros destinados originalmente a otros multas. Mientras tanto, el 17,83 % tuvo que recurrir a préstamos para cubrir los gastos.
Además, los litigios afectarán las actividades laborales de los participantes. El 52.61 % manifestó haber interrumpido su trabajo durante el proceso, mientras que el 34.35 % reportó pérdidas de ingresos.
De igual manera, el 27,39 % señaló que perdió oportunidades de negocios. Estos resultados reflejan que el impacto económico no se limita al dinero pagado directamente en los tribunales.
Las demoras aumentan el costo de la justicia
La duración de los procesos figura entre las principales dificultades identificadas en el estudio. El 83.12% de quienes asistieron a audiencias reportaron al menos una suspensión.
Por consiguiente, estas interrupciones pueden generar nuevos desplazamientos, gastos adicionales y más tiempo dedicado al seguimiento de los expedientes. Asimismo, el 31,74 % de los participantes identificó la duración del proceso como su principal dificultad.
Finalmente, ANJE y la ENJ plantean evaluar el sistema judicial considerando no solo las decisiones emitidas, sino también el tiempo necesario para resolver los casos. Además, destacan la importancia de analizar la efectividad de las sentencias y las consecuencias económicas que enfrentan los usuarios.
