RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- El senador Antonio Taveras Guzmán presentó una propuesta de modificación a varios artículos de la Ley 74-25 con el objetivo de fortalecer las garantías relacionadas con la libertad de expresión y de prensa, así como adecuar las disposiciones sobre delitos contra el honor a principios de proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales.
Según explicó el legislador, la iniciativa busca evitar que normas penales consideradas ambiguas o excesivas puedan afectar el ejercicio legítimo de la opinión, la crítica y el derecho a informar, al tiempo que procura armonizar la legislación con los principios constitucionales y estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Entre las modificaciones planteadas figura una reforma al artículo 208 sobre difamación, mediante la cual solo serían sancionables las imputaciones públicas de hechos falsos que afecten la reputación de una persona.
La propuesta elimina las penas privativas de libertad para este delito y las sustituye por multas y la correspondiente reparación civil.
Asimismo, el proyecto propone cambios al artículo 209, relativo a la denominada difamación extorsiva, para convertirla en una modalidad agravada de difamación.
La iniciativa contempla una reducción significativa de las penas de prisión actualmente establecidas para los casos en que la difamación sea utilizada con fines de obtener beneficios indebidos o ejercer presión sobre terceros.
En relación con el artículo 210 sobre injuria, la propuesta elimina las sanciones de cárcel y establece únicamente multas y compensaciones civiles, reservando la intervención penal para conductas consideradas graves y realizadas con intención dolosa.
Otro de los aspectos incluidos en la iniciativa corresponde al artículo 212.
Taveras plantea prohibiciones
El senador plantea prohibir que las infracciones relacionadas con el honor o la vida privada puedan derivar en medidas como el cierre de medios de comunicación, la suspensión de operaciones, la revocación de licencias o la incautación de equipos, por considerar que dichas acciones vulneran la libertad de prensa.
La propuesta también contempla la derogación del artículo 310, que sanciona el ultraje a funcionarios públicos.
Taveras Guzmán argumentó que esa figura otorga una protección especial a quienes ejercen cargos públicos y limita el derecho de los ciudadanos a fiscalizar y cuestionar la actuación de las autoridades.
De acuerdo con el legislador, las modificaciones buscan actualizar el marco jurídico nacional para garantizar un equilibrio entre la protección del honor y el pleno ejercicio de la libertad de expresión, en consonancia con los principios democráticos y constitucionales vigentes.
