RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO. – Un proyecto de ley busca declarar la Cordillera Septentrional como territorio libre de minería metálica y proteger sus recursos naturales. La propuesta fue depositada por la diputada de Fuerza del Pueblo, Llaniris Espinal, ante la Secretaría Legislativa.
La iniciativa plantea prohibir de forma definitiva las actividades de prospección, exploración, explotación, extracción y procesamiento de minerales metálicos en toda la zona. Además, incluye las cuencas hidrográficas y los ecosistemas vinculados a esta región.
La Cordillera Septentrional se extiende desde Montecristi hasta la bahía de Samaná. Por lo tanto, el proyecto busca preservar una de las áreas con mayor importancia ambiental del país.
Asimismo, la propuesta plantea declarar este territorio como Patrimonio Natural de la República Dominicana. En consecuencia, se establecerían mayores medidas de protección para sus fuentes de agua y biodiversidad.
Proyecto contempla sanciones por daños ambientales
La iniciativa legislativa también propone prohibir el uso de sustancias químicas asociadas a la minería metálica. Entre ellas figuran el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico.
Además, el proyecto impediría la construcción de presas de colas y otras estructuras destinadas al depósito de residuos mineros. De esta manera, busca reducir los riesgos de contaminación en los ecosistemas protegidos.
En cuanto a las sanciones, la propuesta establece que las violaciones serán consideradas delitos ambientales graves. Por consiguiente, las personas responsables podrían enfrentar penas de prisión de seis años.
Asimismo, contempla multas de entre 10 mil y 50 mil salarios mínimos. Sin embargo, los responsables también tendrían la obligación de restaurar los daños ocasionados al medio ambiente.
Licencias mineras quedarían sin efecto
El proyecto establece que, una vez aprobada la ley, quedarían anulados las licencias, permisos y concesiones de minería metálica ubicadas dentro del perímetro de la Cordillera Septentrional.
Además, prohibiría la renovación o extensión de esos permisos. Por lo tanto, cualquier actividad minera metálica en la zona quedaría limitada por la nueva normativa.
La propuesta surge luego de años de debates y protestas de comunidades, organizaciones ambientales y sectores productivos. Estos grupos han expresado preocupación por el impacto que podría generar la minería en las fuentes de agua y la agricultura.
De igual forma, comunidades de Santiago, Espaillat, Puerto Plata, Hermanas Mirabal y María Trinidad Sánchez han realizado movilizaciones para rechazar proyectos de explotación minera.
Finalmente, organizaciones ambientalistas señalan que la Cordillera Septentrional alberga ríos y acuíferos esenciales para millas de familias. Por esta razón, defienden medidas que garanticen la protección de estos recursos naturales.
