RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- En una sesión marcada por intensos desacuerdos, el Congreso de la República aprobó una reforma a la Ley 176-07, que eleva del 25 % al 30 % el tope de los fondos destinados a nómina en las alcaldías del Distrito Nacional y los municipios. La medida ha generado fuertes críticas por el posible incentivo al clientelismo político.
El proyecto modifica el artículo 21 de la referida ley y fue impulsado tras la crisis institucional generada por la renuncia del alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, y la dimisión de la vicealcaldesa Amparo Custodio, lo que dejó vacíos de poder sin mecanismos claros de sucesión inmediata.
Aumento de nómina divide opiniones.
Aunque algunos legisladores argumentan que la modificación busca fortalecer la capacidad administrativa municipal, diversos sectores advierten que el nuevo tope presupuestario podría fomentar el uso partidista de los recursos públicos.
Expertos y analistas consideran que el aumento de los fondos de nómina puede facilitar designaciones por lealtad política en lugar de basarse en méritos y competencias técnicas, lo que debilita la institucionalidad local.
Cuestionamientos al proceso legislativo
Durante el debate legislativo, no se logró consenso para incluir artículos que trataran la sustitución de autoridades municipales. Esa omisión provocó descontento entre sectores que esperaban una legislación más integral para atender crisis como la ocurrida en La Vega.
Críticos del proyecto afirman que la reforma favorece a las mayorías partidarias y no responde a los principios de eficiencia y transparencia en la administración pública.
Llamados a la vigilancia ciudadana
Organizaciones de la sociedad civil han llamado a reforzar los mecanismos de fiscalización y control social, a fin de garantizar que el aumento en los fondos no se traduzca en un mayor gasto político, sino en mejoras reales en los servicios municipales.
